Un déficit que ha saltado la barrera de lo preocupante para convertirse en alarmante. La falta de psicólogos en los juzgados está pasando una factura muy alta desde hace años, pero la situación continúa agravándose y está provocando retrasos «de hasta tres años en los informes de familia». Así lo comentó el juez decano en funciones y recién elegido presidente de la Audiencia de Toledo, Juan Ramón Brigidano, en su reciente comparecencia ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para optar a este nuevo cargo.
Durante esa intervención, en la que explicó una serie de medidas para la mejora de la Audiencia Provincial, también ofreció algunos apuntes sobre la situación actual de los juzgados y deslizó el problema que se arrastra con la falta de psicólogos en una provincia con siete partidos judiciales y tantas distancias. Brigidano mantuvo que hay dos psicólogos en el equipo psicosocial, pero insuficientes «para una provincia de más de 700.000 habitantes». Por tanto, considera necesario que se habiliten dos plazas más para estos profesionales con el objetivo de agilizar los informes, reducir la enorme dilación y dar salida a esos casi 300 procedimientos que continúan en espera.
La problemática que puso de manifiesto Brigidano ante los jueces del Consejo General del Poder Judicial no es nueva. Lleva años reclamando más medios, apuntando la problemática y las continuas quejas de distintos juzgados afectados por retrasos de más de un año en asuntos de familia, penales y de violencia de género, entre otros. El juez decano en funciones ha solicitado muchas veces el aumento de personal, ha calificado la situación de «vergonzosa» porque considera ilógico que uno o dos profesionales tengan que encargarse de una provincia tan extensa, a lo que hay que sumar el aumento de los procedimientos que exigen la intervención de un psicólogo.
La plaza para estos profesionales se creó en 2005 y dos años más tarde ya evidenciaba una importante sobrecarga de trabajo. Desde entonces ha habido un único psicólogo adscrito al equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal, hasta que se creó una segunda plaza. Aun así, la plantilla se queda muy corta, los retrasos se agravan y los juzgados protestan por esta situación muy a menudo.
También el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ) lleva años trasladando «la necesidad imperiosa de aumentar estos medios por las demoras muy graves» que se detectan en la emisión de informes en algunos procedimientos. Si bien, dada la experiencia y la falta de soluciones, el TSJtambién apuntó el año pasado la posibilidad «de articular otras fórmulas para evitar esperas tan graves» y aunque no definió cuáles ya había comentado en otras ocasiones la posibilidad de contar con refuerzos mediante la firma de convenios puntuales con los profesionales que trabajan en las administraciones públicas y con el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha. Esta última se trata de una fórmula que se ha adoptado en alguna ocasión y se mantiene en la actualidad para reducir la lista de espera de las pericias psicológicas en asuntos de familia.
La preocupación sobre este asunto es de tal magnitud que la falta de psicólogos en la provincia de Toledo terminó elevándose hace cuatro años al Defensor del Pueblo por las demoras en Toledo, Ciudad Real y Albacete, que ya superaban el año entonces.
La falta de psicólogos no es el único déficit. Son necesarios más juzgados, más jueces, más funcionarios, más forenses y más peritos para la realización de tasaciones penales, bienes muebles e informes solicitados en juicios rápidos, entre otros. También se detecta escasez de abogados del turno de oficio, un servicio que necesita modernizarse y adecuarse a los tiempos actuales.