Emiliano García-Page presidió la inauguración del Foro orquestado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Castilla-La Mancha para conmemorar sus 20 años en la región. Y puesto que es costumbre en el presidente llevar siempre algún regalo bajo el brazo, para la ocasión eligió tres presentes porque, apreció, «estamos en condiciones de poder dar otro salto más en materia de dependencia» apostando por «una segunda vuelta de tuerca de autoexigencia en los niveles».

El primero de los anuncios versó sobre la aprobación, en el primer Consejo de Gobierno de 2019, del «segundo Decreto de Dependencia sobre el procedimiento de valoración», que aportará seguridad jurídica al Sistema de Dependencia en Castilla-La Mancha y que, añadió, «colocará a la región a la cabeza en tiempos de valoración que se rebajarán sustancialmente».

No olvidó recordar, en este punto, «los 26.000 expedientes de dependencia que nos encontraron guardados en muchos cajones» cuando se produjo el cambio en la Presidencia de la región, una situación «muy lamentable» que «hemos ido revirtiendo poniendo estos expedientes en listas, porque no lo estaban», y contratando «a profesionales especializado que está cumpliendo con su trabajo a un ritmo razonable». Tarea que supone, aseveró, «un buen colofón a la gestión en dependencia».

El segundo adelanto fue el relativo a que «en el primer mes del año se aprobará un decreto de urgencias médicas» destinado a regular los tiempos máximos de espera y que «incorporará la obligación de que, cuando sea atendida una persona con discapacidad, tenga una asistencia profesional durante todo el tiempo», al igual que será obligatorio con los menores y otros colectivos vulnerables.

Para ello, se gestará una «tarjeta sanitaria reforzada que nos permita mejorar la atención a las personas con discapacidad», estableciendo en el sistema sanitario» un cierto criterio de discriminación positiva».

Finalmente, el tercer anuncio se centró en marcar «abril» como mes el que poner en marcha «la Tarjeta Verde de Transporte para personas con discapacidad», que supondrá «una bonificación del 50% para viajes regulares» dentro de la región. Asunto que «importa para las personas con discapacidad y para sus acompañantes» y que, destacó, «es perfectamente sostenible desde el punto de vista financiero».

No en vano, apuntó García-Page que puesto que «todo el transporte público de la región es deficitario», para conservar el  concepto de servicio público en el mismo se hace imprescindible «meter dinero», y el Ejecutivo regional prefiere «hacerlo por la vía de los usuarios que de las empresas».

No eludió, el presidente, admitir que ya que «ahora toca seguir avanzando en un contexto presupuestario que garantice todas las conquistas alcanzadas», llegará el momento en el que «si queremos caminar hacia una segunda generación de prestaciones», habrá que realizar «un análisis de fondo sobre la financiación autonómica y al modelo fiscal en España». Todo para «ir introduciendo mejores criterios de ingresos económicos».