Antes de dar una respuesta, Elena de la Cruz suele detenerse primero a hacer una «reflexión» sobre esa cuestión. Da la impresión de que la nueva consejera de Fomento es una persona que no pierde la calma fácilmente, aunque en este verano haya tenido que recurrir tres trasvases y se haya topado en la mesa con cien procedimientos judiciales. Reconoce que son muchas áreas las que lleva en su cartera, pues se tiene que encargar de que llegue a cualquier pueblo tanto el autobús como el 3G y lo mismo tiene que revisar su plantemiento urbanístico como la depuración de sus aguas. Pero si hay algo que le ha absorbido el tiempo en su primer verano de consejera ha sido un río que ha hecho el mismo recorrido que ella, de Guadalajara a Toledo, y que además puede comprobar cómo fluye con solo subir a la azotea de su Consejería. Se trata del Tajo.

El Gobierno recurre los trasvases, pero el Ministerio recuerda que están dentro de la legalidad porque se remite a que la barrera de los 400 hectómetros era progresiva y este año se queda en los 304. ¿Qué resquicio jurídico hay para ganar en los tribunales?

Estamos seguros de que los recursos que estamos haciendo tienen base jurídica por dos razones.  La ley de Evaluación Ambiental establece los 400 hectómetros cúbicos, es verdad que una disposición transitoria dice que va a ser progresivo, pero también en la misma ley se establecía que si en cualquier momento se llegaba al nivel de agua embalsada de 900 hectómetros cúbicos automáticamente el umbral bajo el cual no se podía trasvasar es de 400. ¿Qué sucede? Que en el año 2014 los pantanos de cabecera alcanzaron los 900 hectómetros. En la Agencia del Agua tenemos un certificado que así lo demuestra y el propio Ministerio hizo un comunicado donde lo manifestó. Según la doctrina de los actos propios, si tú ya has aplicado una normativa y la has establecido así no puedes desdecirte de esa decisión jurídica y decir que ahora no se aplica. Sabemos que están haciendo una interpretación retorcida o interesada de la ley.

Además los 400 hectómetros no son un regalo. Esa cifra sale de sumar los consumos que hay en cabecera, que hay varias poblaciones de los pueblos ribereños que se abastecen de los pantanos, y de sumar un caudal ecológico muy mínimo. En realidad los 400 hectómetros es una cantidad de agua que se va a desembalsar. El umbral debería estar por encima.

Por otro lado, cuando los embalses están al nivel 3, como ahora, se establece que  la  decisión de los trasvases tiene que ser proporcional y motivada. No nos parece que lo sea teniendo en cuenta que en los pantanos de cabecera no llegan al 14% y que las cuencas receptoras están al 43% y al 51%.

También se exigía un caudal mínimo del río a su paso por Toledo y Talavera ¿tienen constancia de si se está cumpliendo?

En Europa hay una directiva marco de agua que establece que se tienen que marcar unos caudales ecológicos, pero se han establecido unos mínimos  que son esos 6 metros cúbicos (a su paso por Aranjuez) que al final se han convertido casi en permanentes Hemos podido observar muchas veces que lo que viene circulando por el río es menos cantidad de agua que por el trasvase. Eso es una realidad, en este verano hubo momentos así. También ha pasado que los medidores de aforo este verano no han funcionado. Creemos que no han funcionado porque las mediciones no eran las óptimas. Está pasando que entre Aranjuez y Toledo no se puede coger agua del tajo porque está contaminada. Al faltarle caudal, todas las aguas sucias que van llegando de poblaciones de Madrid lo que hacen es contaminar el río.

Y si no se cumplen esos caudales ecológicos ¿qué se puede hacer?

Cuando vemos que los medidores de aforo no dan mediciones o las mediciones que dan son por debajo de las establecidas, lo que hacemos es escribir a la Confederación y solicitar que se reparen o que se aumente el caudal del río. Lo que nosotros queremos es un pacto de Estado. No se trata de lamentarnos en cada acera. Sabemos que no hay agua para nadie, no hay agua para los pantanos de cabecera ni para los regantes murcianos. Las aportaciones pluviométricas en la cabecera del Tajo han descendido casi a la mitad en los últimos diez años, eso es una barbaridad. Lo que ha pasado estos años es que se ha ido engordando el problema sin que haya solución y la solución que puso el PP no es la buena, porque calla y silencia a Castilla-La Mancha.

Habla de un pacto de Estado, pero parece difícil que las comunidades se pongan de acuerdo cuando se habla de agua. ¿En qué puede ceder Castilla-La Mancha y en qué no?

Castilla-La Mancha lleva muchos años cediendo, yo diría que lleva toda la vida, con el trasvase y con muchos aprovechamientos de agua en todas las cuencas que tenemos. Se han pedido cosas en el Alto Guadiana, con ese plan especial que se inició. Se han tenido problemas en el Júcar porque Castilla-La Mancha tiene la mayor parte del río, pero recibe menos. Así que lo que podemos aportar es la voluntad de diálogo y de ‘no guerra’. Hemos puesto el problema encima de la mesa, que ha surgido con fuerza porque el anterior Gobierno regional estaba totalmente plegado, callado. No vamos a imponer nada, lo que queremos es que nos sienten, se negocie, se busque una solución porque sabemos que la del trasvase no tiene futuro. La responsabilidad del Gobierno de España está en sentar a todas las partes implicadas y llegar a una solución buena para todos. Seguramente en ese pacto todos tenemos que ceder un poco, pero Castilla-La Mancha lleva toda la vida siendo solidaria.

Los presupuestos del Estado para 2016 contemplan 140 millones para el ATC. La Junta está estudiando el POM de Villar de Cañas por si considera que debe anularlo ¿alguna novedad?

Estamos pendientes de un informe técnico, porque hay unas distancias que no se cumplían y se sacaba de suelo urbano algunas instalaciones como el cementerio, el polideportivo o la piscina. Lo que quiero destacar con el ATC es que según un informe del Consejo de Seguridad Nuclear los suelos no son óptimos, son arcillosos, con yeso, no tienen la estabilidad suficiente para acometer una infraestructura que debe durar miles de años y que debe evitar cualquier tipo de filtración a acuíferos. Se ha empezado a acometer una serie de obras sin que se haya hecho una determinación de los suelos. Es inaudito.

Hace una semana el alcalde de Villar de Cañas insistió en que solo una orden ministerial podría paralizar el proyecto. En tres meses hay elecciones generales. ¿Pedirán a Pedro Sánchez que lo lleve en su programa?

No creo que yo sea quien para afirmar ese punto, lo que sí puedo decir claramente es que el Gobierno de Rajoy  no ha actuado con seriedad, y diría que con profesionalidad, en este asunto. Si el Gobierno cambia y el presidente es Pedro Sánchez sabemos que va a actuar con profesionalidad y seriedad.

Otra infraestructura polémica de la región es la del aeropuerto de Ciudad Real. La Junta no tiene margen de maniobra en este caso, pero ¿cómo le gustaría que terminase este culebrón?

Nos gustaría que se resolviese con una oferta razonable encima de la mesa y con actividad. Nos gustaría ver el aeropuerto abierto, con puestos de trabajo y creando riqueza para esta región. Es lo que deseamos y tenemos la esperanza de que se resuelva de esta manera.

¿Qué cree que falló?

No sé, a veces es el espacio temporal, hay momentos para un tipo de infraestructuras y cuando pasa el momento, ya no lo es.  Lo comparo con una empresa. Cuando se va a implantar se hace una valoración económica, se apuesta por un proyecto, pero a veces no se tienen en cuenta muchos factores y termina saliendo mal.

¿Qué planes tiene para la política de transporte?  Todos querríamos más líneas y mejores horarios, pero ¿se puede conseguir?

Lo que hizo el anterior Gobierno fue eliminar subvenciones: a jóvenes, jubilados, familias numerosas...  Ahora que hemos logrado el convenio de abono joven con Madrid, hay jóvenes que me preguntan qué va a pasar con el resto de transporte en Castilla-La Mancha. Es algo que estamos evaluando y algo vamos a hacer con las bonificaciones. Al quitarlas, lo que se ha hecho es que disminuya el número de personas que utilizan el transporte público en un 42%, lo que al final hace que disminuyan los ingresos y que las líneas sean menos rentables. Nosotros vamos a modificar la ley para flexibilizar el transporte, que cada colectivo tenga su parcela, que no haya intrusismo y estudiar también soluciones a la carta para algunas zonas. Otro de los problemas es el abandono por parte del Estado de algunas líneas. Hay autobuses que van un día de la semana y vuelven otro. Eso no es razonable, al menos tiene que haber uno de ida y vuelta el mismo día.  Tenemos que hacer un diagnóstico de las líneas, que sea útil para los ciudadanos, que resuelva sus problemas y  no deje incomunicados a algunos pueblos.

Las oficinas antidesahucios fueron claves en el acuerdo de investidura de PSOE y Podemos. ¿Qué puede hacer la Junta?

Creemos que la Junta es la mejor institución para gestionar este tipo de oficinas porque tiene competencias en vivienda, tenemos la capacidad de conveniar con algunos colegios profesionales de forma directa, tenemos los servicios sociales y cubrimos todo el territorio. No es lo mismo que haya una oficina en una ciudad y que no atienda la población que tiene cerca. Tenemos más capacidad, pero tendiendo la mano a todos aquellos que quieran sumar:asociaciones, ayuntamientos, diputaciones...

¿Qué va a hacer con el parque de viviendas de la Junta?

El problema es que tenemos un 90% del mismo en mal estado. Ha habido una dejadez por parte del Gobierno total y absoluta. Lo primero que estamos haciendo es un diagnóstico de todas las viviendas, vamos a emprender labores de mantenimiento para movilizar todo el parque de viviendas. También nos hemos puesto en contacto con entidades financieras para ofrecer otro tipo de solución habitacional a familias que se encuentran en situación de desahucio o con pocos recursos.  Y vamos a abordar una ley de vivienda muy social y ambiciosa.