Igualdad avanza con la Ley LGTBI de la región

E.P.
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El departamento que dirige Blanca Fernández publicará antes de fin de mes la memoria inicial de la Ley LGTBI y su decreto de inicio.

Igualdad avanza con la Ley LGTBI de la región

La Consejería de Igualdad, después del trabajo previo con colectivos de la región y agentes sociales, va a publicar antes de que acabe este mes de junio la memoria inicial de la Ley que garantice los derechos de las personas LGTBI en Castilla-La Mancha así como el decreto de inicio de norma. El siguiente paso será el inicio del trámite para sacarla a información pública.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería, que aseguran que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha hecho que se ralentizasen los avances en la elaboración de la nueva Ley LGTBI de Castilla-La Mancha, si bien «no se ha abandonado».
Por ello, según han avanzado desde el departamento que dirige Blanca Fernández, también comenzará la revisión del borrador por parte de todas las consejerías del Gobierno regional, cada una en la parte que les afecta, «porque sacar adelante esta ley sigue siendo un compromiso político firme del Gobierno regional».
Entre el 18 de febrero y 8 de marzo, la Consejería abrió una consulta pública previa sobre la elaboración del Anteproyecto de Ley que garantice los derechos de las personas LGTBI en Castilla-La Mancha, que recabó un total de 13 alegaciones.
Estas sugerencias -cuatro formuladas por particulares, ocho de colectivos LGTBI y una de CCOO- afectan a los ámbitos educativo, sanitario, laboral, cultural, social, protección ciudadana y reparación del daño de las víctimas de delitos de odio por orientación o identidad sexual y expresión de género a través de un régimen sancionador.


DIVERSIDAD POBLACIONAL.

En ese documento, que recoge Europa Press, el Ejecutivo autonómico quiere, con esta norma, garantizar plenamente la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, con el objetivo de prevenir y eliminar cualquier discriminación derivada de la orientación e identidad sexual o expresión de género.
Y es que considera necesario proteger a las personas «frente a todo tipo de discriminación, para lo cual se debe reconocer sus derechos y garantizar una actuación integral desde todos los ámbitos de competencia autonómica».