Cira García Domínguez es desde hace ocho años la magistrada titular del único juzgado exclusivo de violencia de género de Castilla-La Mancha, ubicado en Albacete. En él ha recibido a jóvenes de 12 y 13 años, explica, que sufren la violencia machista en forma de acoso, ciberacoso, control y también maltrato físico. Una violencia que tiene género, que atenta contra las mujeres,¡ incidiendo en que el problema «no solo no decrece sino que va en un aumento progresivo» con una situación «especialmente alarmante» entre la población más joven.

Así lo manifestó antes de la inauguración de la jornada ‘Protección e intervención contra la violencia de género’, organizada por Comisiones Obreras en Toledo, donde  pidió más medios, reivindicando la necesidad de contar con un juzgado exclusivo de violencia de género en la capital regional y en el resto de provincias, toda vez que actualmente solo lo tiene Albacete.

Un servicio «distinto». Para la magistrada, «el servicio y respuesta que se presta a una víctima de violencia de género es completamente distinta si es atendida en un juzgado exclusivo o en otro juzgado, donde se llevan a cabo muchos más asuntos», evidenció,   indicando que el juzgado específico que ella dirige cuenta con un equipo psicosocial que asesora y respalda a las víctimas.

Más juzgados exclusivos de violencia de género en la región - Foto: David PérezGarcía Domínguez también exigió dotar de presupuesto a las oficinas de atención a las víctimas, al considerarlas «un instrumento fundamental para dar una atención psicológica inmediata a la víctimas incluso antes de que presten declaración ante el juez».

Los hijos, también víctimas. Una cuestión fundamental en el abordaje de la violencia de género tiene que ver con los hijos agresores, maltratadores y asesinos. En este punto, la jueza recordó que desde la reforma de la Ley Orgánica de Violencia de Género de 2015 los menores son considerados también víctimas de violencia de género, pero lamentó que se sigan concediendo derechos de visita a los padres «obviando situaciones que no son asimilables cuando se produce una situación de violencia de género», censuró.

La magistrada recordó que el Convenio de Estambul establece que en los derechos de visitas «se tienen que tener en cuenta las circunstancias de violencia de género con independencia de que ese menor no haya sufrido una agresión física, un insulto o una amenaza», añadiendo que «ahí es donde tenemos que concienciar y escuchar a los menores porque lo exige la ley».

«Escuchar al menor». En este sentido, aseveró que tanto el Convenio de Estambul como la reformada ley de Violencia de Género de 2015, reflejan que «el menor sea oído y escuchado y que en todas las decisiones que afectan a un menor, incluido el derecho de visitas, tiene que escucharse a los menores, máxime si se trata de una situación de violencia de género», dijo.

Los datos. La jueza indicó que último informe del segundo trimestre de 2019 del Observatorio de Violencia de Género evidencia un aumento del número de denuncias por violencia de género y también del número de condenas y órdenes de protección que se han solicitado y concedido por parte de los órganos jurisdiccionales, lo que, a su juicio, «supone una lectura positiva porque existe una mayor concienciación y sensibilización a la hora de tratar estos temas».

Como datos preocupantes, el aumento progresivo de la violencia de género, especialmente entre los más jóvenes, motivo por el que reivindicó más medios y más especialización de los profesionales que tratan con las mujeres que sufren violencia.

En este apartado, reconoció que en el Consejo General del Poder Judicial «hay una preocupación importante para que los jueces y juezas estén informados en violencia de género».