El presidente provincial del PP y senador José Julián Gregorio, junto con el senador del PP Ramón Rodríguez y el presidente del PP de Talavera, Santiago Serrano, han destacado que el Partido Popular va a recurrir la Ley Celaá ante el Tribunal Constitucional «por ser una ley anticonstitucional», además de que también se acudirá a la Unión Europea «para que esta ley no se empiece a implementar».

Así se pronunciaron ayer durante la recogida de firmas contra la Ley Celaá en la calle Trinidad. Los  representantes populares insistieron en que no se trata de una ley educativa, sino más bien de una ley sectaria, ideológica y tremendamente partidista a cargo de PSOE y de sus socios Podemos y los independentistas. «No se han adoptado medidas pedagógicas sino políticas».

El senador por la provincia de Albacete, Ramón Rodríguez, explicó que se trata de una ley «que no ha conseguido el diálogo y el consenso de los implicados, al no participar ni la comunidad educativa, ni el consejo de Estado, el consejo escolar del Estado ni los proponentes y expertos en educación.

En su opinión, «ataca a la libertad de elección, a la libertad de educación y a la educación concertada y especial». Durante su intervención, indicó que la aportación de Podemos al texto se centra en la petición de que la educación tenía que ser estatal y pública, «y eso exige que haya una escuela única, y  tiende a que desaparezca la educación concertada», al «asfixiarla económicamente» a la concertada, además de que el impulso de infantil de 0 a 3 años «sólo será público, para que los colegios concertados no pueden crecer».

La aportación de los independentistas y los nacionalistas a esta ley es la eliminación del castellano como lengua vehicular «para que tengan el campo libre y no tengan que verse obligados enseñar a los niños de Cataluña o del País Vasco en castellano».

En cuanto a la educación especial, Rodríguez destaca que siguiendo  la ley en diez años, los niños de educación especial van a pasar a los centros ordinarios, «y eso no se lo puede creer nadie porque  no hay dinero para la adaptación ya que deberían poner un equipo multidisciplinar en los 28.000 centros».

Por su parte, José Julián Gregorio ha tachado de «vergonzoso» que los parlamentarios socialistas hayan votado que sí a esta ley, entre ellos el presidente de la Comisión de Educación en el Congreso, Sergio Gutiérrez.

Santiago Serrano ha criticado el aplauso de Page y de la alcaldesa de Talavera, Agustina García «a la hoja de ruta del Gobierno de Sánchez e Iglesias, que es una auténtica afrenta a los 15 centros concertados y a los 4 de educación especial en la ciudad».