Una «ciudad viva»: 6.590 licencias visadas desde 2015

C.M
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El año pasado se concedieron 1.846 licencias de obra en la ciudad de Toledo - Foto: Yolada Lancha

1.846 licencias de obras en 2018. Teo García apuntó que de ellas, 356 se correspondieron con obras mayores y 1.490 con obras menores. También señaló un 11% de subida interanual respecto a 2017, y del 23% en lo que va de legislatura.

Teo García consideró adecuado realizar un balance público sobre una de las «actividades más significativas y relevantes» del área de Urbanismo que él preside. Bajo esa premisa, y aprovechando la ocasión para recordar, «frente a los agoreros que decían que la ciudad se iba a paralizar», que las cifras «demuestran lo contrario de los que no quieren la evolución de la ciudad», apuntó que en lo que «va de legislatura el número de licencias ha llegado a las 6.590, de las que 1.300 se corresponden con obras mayores y 5.290 con menores».
Esto es, el concejal ratificó «el incremento progresivo de estas solicitudes» destacando que «en 2018 se concedieron un total de 1.846 licencias de obras» refiriéndose 356 a intervenciones mayores y 1.490 a adecuaciones menores; de ellas, 547 se desarrollaron en el Casco histórico, siendo 93 de obra mayor y 454 de obra menor. Un evolución que, a su juicio, alude a que «cada semana del año pasado se iniciaron en la ciudad de Toledo 36 obras». No en vano, en el pasado año 2018 «el incremento ha sido del 33,18%».
Sobre la subida interanual de las licencias de obras, fue del 11% respecto a 2017, y del 23% en lo que va de legislatura, lo que representa un «incremento paulatino de solicitudes de licencias de obras desde 2015» que, analizó, puede deberse a que «las obras que se encontraban paralizadas por la crisis, que conllevó la quiebra de algunas empresas, se han ido retomando». Circunstancia a la que se une «la ampliación y mejora de instalaciones de empresas en la ciudad y otras licencias de obras para acoger futuras actividades» en el entorno de Toledo.
En cuanto a la diferencia de tipología de las licencias, aclaró García que «las de obra mayor se precisan en nuevas construcciones o en intervenciones que afectan a elementos estructurales», superando las mismas los 30.000 euros, mientras que las relativas a actuaciones menores «se otorgan a las obras que no afectan a la estructura del inmueble».
tiempos de espera. Preguntado, el responsable de Urbanismo, sobre los tiempos medios de espera, aseguró que las licencias menores se resuelven «en un periodo aproximado de entre una semana y quince días» y las mayores «en un mes de media» porque «los procesos son más laboriosos».
No hay que olvidar, además, que estos plazos pueden superarse debido a que la zona está sujeta a los preceptivos informes arqueológicos. Sin embargo, sobre esta cuestión tuvo a bien García recordar que el equipo de Gobierno «ofrece la asistencia técnica necesaria para facilitar la vida de los residentes» que quieran rehabilitar o mejorar sus propiedades. De hecho, apreció que este servicio logra «un tiempo récord en los informes  de valoración arqueológica inicial» que se equipara al establecido para las obras menores ya que, reiteró, «la asistencia arqueológica acelera estos trámites».
Sobre este proceder, insistió en valorar un servicio de asistencia arqueológica municipal, gestionado por la empresa Global Arqueología, que agiliza los procesos de licencias, facilita los controles rutinarios arqueológicos a coste cero para el ciudadano, y protege el legado histórico. Así, este servicio posibilita poner a disposición de los ciudadanos «de manera gratuita la experta valoración de arqueólogos y garantiza la protección del patrimonio».

 

El POM debe aportar «garantías suficientes para no repetir este calvario»
Con un Plan de Ordenación Municipal aún por presentar, una vez aprobada la Modificación número 28 y «a la espera de hacer lo mismo en la número 29 que requiere el documento ambiental que defina el alcance de la misma», repitió Teo García la letanía relativa a que «estamos trabajando en el POM» esperando que «esté más pronto que tarde». Todo ello advirtiendo de que «la celeridad será la precisa» porque este planeamiento «debe ofrecer las suficientes garantías para no pasar nunca más por este calvario». Se refería, claro está, a la situación de «laberinto jurídico que teníamos» tras la anulación del citado Plan.
En este punto, aseguró que desde su área están buscando un «planeamiento serio y riguroso, asentado en informes y procedimiento bien colmatados para que no tengamos ningún ápice de duda».