Llevan a los tribunales la 'vuelta al trabajo' de la Junta

C.S.Rubio
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Este miércoles ha comenzado la reincorporación de los trabajadores públicos que hasta ahora estaban teletrabajando. El lunes volverán a su puesto el grueso de los funcionarios regionales

Llevan a los tribunales la ‘vuelta al trabajo' de la Junta - Foto: Victor Ballesteros Redactor grafico La Tribuna

La ‘nueva normalidad’ dentro de la administración autonómica corre el riesgo de convertirse en un conflicto laboral en toda regla. La mecha de la ‘bronca’ la ha encendido un  auto del Tribunal número 2 de lo Contencioso Administrativo de Toledo, con fecha de este lunes y por el que se levantan las medidas cautelares para mantener el teletrabajo dentro de la Junta de Comunidades impuestas a principios de este mes, al entender la falta de jurisdicción para decidir sobre esta cuestión. O lo que es lo mismo, sobre si los trabajadores públicos con posibilidad de trabajar desde sus casas se deben mantener en ellas, o, como plantea la Junta, deben volver a su puesto con el inicio de la desescalada.
Un auto que ha sido asumido rápidamente por la Junta de Comunidades, que ya el martes remitía una circular a sus trabajadores  indicando de forma clara que todo aquel empleado público que estuviera en modalidad de trabajo no presencial, debía volver a su puesto ‘físico’ de inmediato.
Una medida que se puso en práctica ya el miércoles en muchos casos, como el de aquellos trabajadores públicos con despacho propio, y que será efectiva a partir del próximo lunes para todos aquellos que compartan sala de trabajo con otros compañeros.
La excepción será la del personal de atención directa al público, que se reincorporará «cuando la autoridad sanitaria competente autorice el acceso de la población a los edificios, instalaciones y dependencias del sector público» y la de aquellos con hijos menores de 14 años, que deberán volver «al día siguiente de las fechas oficiales previstas para la finalización del curso escolar de cada una de las etapas educativas», según recoge la citada circular de la Junta.
Tal y como confirman fuentes consultadas por La Tribuna, «la gente ya estaba este miércoles reincorporada a sus puestos de trabajo», exceptuando los casos reconocidos como personas de riesgo, como son diabéticos, hipertensos y embarazadas, y aquellos con hijos menores a su cargo.
Trabajadores a los que se les ha facilitado a la entrada mascarillas, guantes y un frasco individual de gel hidroalcóholico, al menos en las sedes de Consejerías como la de Sanidad y la de Bienestar Social.
Una decisión de la Junta que ha puesto en pie de guerra a los sindicatos, a los que este auto les ha pillado por sorpresa. Es el caso de CCOO, que «no da crédito» a esta decisión judicial.
Con todo, este sindicato tiene previsto presentar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la solicitud de «medidas cautelerísimas» contra esta decisión de la Junta. Y es que, «por la gracia de este gobierno, todos a los centros de trabajo, sin saber si se cumplirán las medidas de prevención y con un previsible pronunciamiento en breve del TSJ tras la interposición o ampliación de las distintas demandas», señalan desde Comisiones.
En la misma línea tiene previsto actuar  el sindicato STAS, que tampoco ha dudado en «discrepar» del criterio de este auto toledano, «entendiendo que el Tribunal Supremo ya analizó la cuestión en sendos autos de marzo y abril».
Al igual que CCOO, STAS también ha decidido recurrir este auto ante la Sala de lo Social del TSJ, reclamando  «las mismas medidas cautelares» existentes hasta el momento.
Por su parte, la Federación de Servicios Públicos de UGT también  ha interpuesto una demanda ante la sala de lo social del TSJ solicitando medidas cautelarísimas para que la Dirección General de Función Pública realice las evaluaciones de riesgos obligatorias por ley y los protocolos pertinentes antes de volver al trabajo presencial.
Y es que, según este sindicato,   en la circular de la Junta para la reincorporación presencial al trabajo «no se garantiza la ausencia de riesgo, ya que a día de hoy hay puestos sin evaluar y los protocolos no han sido consensuados con las organizaciones sindicales ni incluyen las últimas medidas sanitarias, como es el uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados».
«Nuestra demanda está centrada en la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras de la JCCM, y mientras esto no se garantice no se puede volver a los centros de trabajo independientemente de la fase de desescalada en la que nos encontremos», se insiste desde este sindicato,