«La Junta tiene la obligación moral de mover ficha y actualizar su política de vivienda». Quedan menos de cinco meses para las elecciones municipales y regionales, pero el portavoz de Ganemos Toledo, Javi Mateo, considera que aún hay tiempo para dar pasos firmes en la ciudad antes de que se agote la legislatura, puesto que hay demanda de vivienda, pese a que no sea en las mismas proporciones que hace años, y se tiene que apostar por el mercado de alquiler y por viviendas protegidas que ayudan a mantener ese pulso con el mercado inmobiliario.

En este caso, Mateo cree que la administración regional, «la mayor propietaria de suelo público», debe ponerse las pilas» y sacar a la luz lo antes posible la Ley de Vivienda, que permitiría, entre otras cosas, enfocar esta política a las necesidades reales y posibilitaría que los ayuntamientos recuperasen o, al menos, compartiesen la competencia de vivienda si esta normativa se pone en la misma sintonía que el Decreto ley firmado recientemente por  el PSOE y Unidos Podemos, pendiente aún de aprobación.

Además, Ganemos es consciente también de la necesidad de que la administración regional actualice el registro de demandantes de vivienda «porque no tiene sentido que haya gente esperando uno y dos años cuando hay viviendas vacías en Toledo». Junto a esta iniciativa, Mateo recuerda que la Junta dispone de diez parcelas en en barrio del Polígono, en las que se podría construir 1.100 viviendas, con lo que propone que las destine a viviendas de alquiler, puesto que cobertura legal tiene, a pesar de la nulidad del POM, gracias a la reciente aprobación de la modificación puntual 28 del Plan General del año 86.

Con esta medida se podrían garantizar alquileres asequibles, ya que el mercado también aprieta desde hace tiempo con la subida de los arrendamientos. Además, Mateo señala también que el Gobierno regional debería terminar de construir las 86 viviendas protegidas en la calle Guadalmena, cerca del nuevo hospital, que se paralizaron durante el Gobierno de Cospedal.

mejora en la gestión. Mateo conoce la problemática de la vivienda gracias a su labor como concejal de Servicios Sociales y a su trabajo en la Mesa de Vivienda y el Observatorio municipal que se han creado en esta legislatura para avanzar en esta materia, dar soluciones a familias con dificultades y evitar los desahucios gracias al papel mediador de la administración con las entidades financieras.

Por tanto, entiende que el Gobierno regional puede llevar «una gestión seria» de sus 503 viviendas de alquiler en la ciudad. «Son numerosas las quejas de los inquilinos» de las distintas promociones que, según el concejal, se encuentran en una situación «de vulnerabilidad» y con problemas para pagar los recibos de la comunidad. Si bien, Mateo cree que Gicaman no está ofreciendo soluciones a pesar de que algunos arrendatarios han ofrecido la posibilidad «de pagar diez o veinte euros mensuales» para ir rebajando la deuda.

Por este motivo, Mateo mantiene que la Junta está obligada a buscar «alternativas», pero recuerda que el Ayuntamiento se presta «a buscar fórmulas reales», como las que plantea la EmpresaMunicipal de la Vivienda, inmersa en nuevos proyectos.