Que la Justicia es lenta supone un axioma. Pero tarde o temprano dicta sus decisiones. Así ocurrió ayer en la Audiencia Provincial en la sesión fijada contra tres individuos por un delito de estafa de 216.000 euros cometido 15 años atrás. Finalmente, los procesados admitieron los hechos en un acuerdo de conformidad. La petición inicial de la Fiscalía de seis años de prisión contra cada uno de ellos se ha rebajado a seis meses, y la multa ha quedado en una cuota diaria de seis euros durante tres meses. La responsabilidad civil se ha estipulado en los 216.000 euros estafados.

Los acusados, C. C. P., J. G. V. y R. V. G. A., deberán satisfacer los 216.000 euros de la responsabilidad civil para evitar cada uno los seis meses de prisión. La fiscal ha apreciado una atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas para justificar la rebaja de la pena.

El escrito de acusación del proceso detallaba que una acusada, J. G. V., y los dos querellantes compartían en 2006 un local y ejercían junto a él un negocio dedicado a la intermediación inmobiliaria en La Puebla de Montalbán, que consistía en proceder a la venta de viviendas y chalés de diferentes promociones inmobiliarias, obteniendo a cambio comisiones por la actividad que se repartían entre los tres.

La acusada era la esposa de uno de los procesados, C. C. P., y tenía una empresa dedicada a la construcción de viviendas junto al tercer encartado. Así, habían mantenido ya relaciones comerciales con los querellantes.

Según la Fiscalía, en ese 2006, la acusada, en connivencia con el marido y con el socio de este último, propuso a los querellantes aportar 216.000 euros para la compra de un solar. Así, querían conseguir liquidez para la compra de un terreno destinado en un principio a la construcción de 40 chalés en Val de Santo Domingo. Los procesados dieron 48 horas de plazo a los querellantes para dar este dinero.

Así, quedaron en una notaría, pero los dos hombres acusados recogieron el dinero fuera del despacho sin testigo alguno y alegaron que debía hacerse la operación inmediatamente, sin tiempo para documentar la transacción. En este sentido, detallaron que usarían su sociedad para hacer la compra y que, más adelante, realizarían los contratos con la entrega de los 216.000 euros y el compromiso de permuta por los tres chalés.

El importe de venta (360.000 euros) se abonó con un cheque por 180.000 euros y otros 180.000 euros en efectivo, pero no aparecía la aportación de los querellantes. Durante dos años de intentos, ni recuperaron el dinero ni recibieron ninguna de las comisiones prometidas. Los chalés nunca llegaron a ser construidos a pesar de contar con las licencias y permisos necesarios.