Pablo Corrales, concejal del PP, desconoce el caso que ha conducido al Juzgado de lo Social Número 1 de Toledo a condenar al Ayuntamiento por cometer discriminación laboral contra seis informadores turísticos y a que los indemnice con 57.000 euros. Sin embargo el edil aboga por que «desaparezcan las anomalías en la contratación»

Corrales se pone de lado de los trabajadores, indica que no se puede vulnerar la legalidad, que habrá que modificar las normas que sean necesarias con el fin de evitar sentencias desfavorables para la ciudad.

En conclusión, el Ayuntamiento «no tienen la facultad» para andar por la vida perjudicando a los ciudadanos, al contrario, «tiene la obligación» de actuar en beneficio, o al menos tratarlo, de los vecinos.