La forma política para mentir y engañar a las gentes es, y ha sido siempre, inventarse un palabro para ocultar la verdad. En los tiempos actuales se le llama Fake News, un inglesajo para camuflar la rotunda expresión castellana que retrata mucho mejor la realidad: un mentira cochina y podrida.

Pues bien, hoy la mentira cochina y podrida de toda la vida se ha venido a llamar, y a ser propalada por los corifeos mediáticos que tienen okupados la casi totalidad de los medios de comunicación, «desjudiacilización de la política». Para que lo entiendan. Amparar los delitos, proteger a los delincuentes y desobedecer y conculcar las leyes si estos son políticos del Gobierno, socios o cómplices del mismo. Los de la oposición que se aten los machos, porque a estos se les va a «judicializar» hasta los movimientos de pestaña. Vamos, que es exactamente lo contrario: la absoluta politización y control político de la Justicia. 

El Gobierno de Sánchez ha demostrado, desde su primer día, que este es su camino y principal empeño para conseguir su objetivos. Su primer paso no ha sido sino un ataque frontal al Estado de Derecho, a la Justicia, a la separación de poderes y un intento de corromper el funcionamiento de la Justicia para someterla a sus designios y convertirla en un instrumento más de sus intereses. Negro sobre blanco, aunque pretendan vestir a la mona de seda, (vamos a tener primates ensedados a razón de docena por día), lo que ha hecho el Gobierno en esta su primera semana ha sido iniciar a todo galope esa deriva. La batalla a fondo contra la Justicia y contra los jueces. Una burla a las leyes, una desobediencia flagrante a sus dictámenes y una declaración de intenciones de que desde ahora el Gobierno de la nación será el primer y gran baluarte para que los políticos separatistas gocen de impunidad y puedan sustraerse a la acción de la Justicia y aún condenados no tengan que responder por sus delitos.

La prueba fehaciente es el Caso Torra. El Gobierno de España, por boca de su presidente, y por acción de los partidos que lo sustentan, impide que una decisión de la Justicia, la inhabilitación y pérdida de la condición de diputado sentenciada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, atendiendo a tal sentencia, ordenada por la Junta Electoral Central y la Provincial de Barcelona, tenga efecto y se obligue a su acatamiento. El Ejecutivo de España cambia de orilla y se une con ello a la contumaz desobediencia y conculcación de las leyes de las que los secesionistas han venido haciendo gala desde hace años. Por los que han sido procesados, los que no se han dado a la fuga, y condenados. El pago esencial por investir al presidente no ha tardado ni un día en destaparse. El Gobierno y el PSOE se han pasado al otro lado y convertido en el más poderoso aliado de los independentistas condenados y de los prófugos huidos.

O sea, lo contrario de lo que el mismo lunes prometían solemnemente defender. Porque guardar y hacer guardar la Constitución es obedecer sus leyes y no ayudar a los delincuentes a escapar de la acción de los tribunales. Es más, estar encantado, palabra de Sánchez con ello o, bailecito Iceta, dar el definitivo salto al bando separatista y consumar la aberración de pretender que un parlamento regional -¿y por qué no mañana también cualquier pleno municipal?- tiene la facultad de decir qué sentencias debe cumplir y en cuáles se puede ciscar si le viene en gana. 

Esa es la senda en la que han entrado desbocadamente y con la más obscena indecencia. El nombramiento de la ministra número 23, ahora designada y rebautizada como Fiscal General del Estado, María Dolores Delgado es la demostración empírica de que el presidente se considera ya por encima de toda norma, entiende que es inmune e impune en sus acciones y está dispuesto a hacer literalmente lo que le venga en gana pues su caudillismo en el partido, al que todos se someten sin rechistar, y la investidura lograda le dan bula para arrasar con todo. El único dique que tiene por delante es el Poder Judicial, es la Justicia. Así que van a por ellos y los han declarado, esa es la primera declaración real de intenciones del Ejecutivo, enemigo publico número uno.

No es una suposición. Es ya una evidencia. El rosario de sapos que alborozadamente y vendiéndolos como príncipes y princesas nos van a ir sirviendo como desayuno cotidiano a lo largo de toda esta andadura gubernamental que tiene la más firme y enrocada decisión en aguantar en el poder los cuatro años, y si fuera posible multiplicarlos después por otros cuatro, va a tener en esta batalla su seña de identidad más definitiva. Los hitos que quedan por delante están ya a la vuelta de la esquina. Las formas y maneras de poner en libertad a los condenados por el Supremo. Ahí va a ser inestimable la complicidad de la Fiscalía.

Y la definitiva prueba del nueve a la que la razón hace un último esfuerzo para querer creer que no puede llegarse a una traición de semejante calibre: el voto del PSOE en el Parlamento Europeo cuando este haya de pronunciarse sobre el suplicatorio del prófugo Puigdemont. ¿Era imaginable que pudiera ser contrario a que el huido de la Justicia española hubiera de responder ante ella? Pues ya ven, el propio Puigdemont considera seguro que así será, que el Gobierno de España vote en contra de ponerlo a disposición de la Justicia nacional. Es más, hasta presume de poderse venirse por aquí antes a darse una vuelta y visitar a sus cómplices presos.

¿Recuerdan ustedes cuando justo antes de las elecciones Sánchez alardeaba de que iba a traer a Puigdemont a España y que para eso tenía a la Fiscalía porque él quien la nombraba? Pues por ahí va. Pero resulta que hay un matiz: que ahora pudiera querer traerlo pero para negociar con él. ¿Y qué se puede negociar con un separatista? Pues está más que claro : la independencia de Cataluña. Camuflada con algún palabro y fórmula que aún puede ser más letal para España que la secesión en sí misma. Que Cataluña se independice de España, pero que España siga dependiendo de Cataluña y mientras el Estado no pinte ya allí nada de nada, los separatistas puedan seguir decidiendo en España. Más o menos eso es lo que pretende Iceta.