La declaración como Bien de Interés Cultural (BIC)de la Vega Baja no sólo está protegiendo el entorno de la construcción, también ha cobijado al Ayuntamiento de Toledo frente a una demanda de la inmobiliaria de la vieja CCM que pedía «responsabilidades patrimoniales» por no aprobar el proyecto de reparcelación y de urbanización para levantar trescientas viviendas sobre el terreno del antiguo camping del Circo Romano. Gana el paisaje, pierde la maltrecha cuenta de resultados de la extinta caja.

Según el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo ‘CCM Inmobiliaria Centrum 2004 SL’ se ha equivocado de puerta al intentar recabar una indemnización por la imposibilidad de desarrollar el proyecto urbano. En lugar de dirigirse contra el Ayuntamiento tendría que haber apuntado en dirección a la Junta de Comunidades que, con la declaración BIC, impide desde el año 2008 cualquier tipo de nueva construcción cerca de los restos visigodos.

La sentencia concluye que no hay causa de indemnización, primero porque ‘Centrum’ no había patrimonializado el aprovechamiento urbanístico, ya que si bien tenía un PAU aprobado le faltaban los requisitos indispensables del proyecto de reparcelación y el de urbanización. Es decir, era dueña de «expectativas» pero no de derechos consolidados.

En segundo lugar, el Juzgado indica que la causante de que no se aprueben dichos proyectos es la Junta de Comunidades, no el Ayuntamiento (que los sacó a información pública), «debido a que no se obtuvo el informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Patrimonio» ya que mediante la orden del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de 10 de junio de 2008 «se declara BIC con categoría de zona arqueológica la ampliación del yacimiento de la Vega Baja que se extiende, entre otros ámbitos, al de la Unidad de Actuación número 1 de la Unidad Urbanística 1B (Circo Romano)». Es decir, «la imposibilidad de aprobar el proyecto de reparcelación y el de urbanización no es por determinación del Ayuntamiento sino de la Comunidad Autónoma».

De hecho cuando el Ayuntamiento aprobó el PAUla Consejerías de Vivienda y Urbanismo pidió prudencia al alcalde para no dar pasos irreversibles. Desde la Junta apuntaron que la investigación arqueológica no se iba a limitar a la Vega Baja 1, sino que se va a extender a la Vega Baja 2, y a los terrenos del Cristo de la Vega y del Circo Romano.

Antecedentes. El plan de actuación urbanística (PAU) del Circo Romano tenía previsto construir 300 viviendas y pasó a manos de ‘CCM Inmobiliaria Centrum 2004 SL’ cuando ya estaba tramitándose, tomando el relevo de sus promotores originales- ‘Residencial Circo Romano’- con las bendiciones de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que rechazó un recurso al considerar que la operación de cesión se hizo con todas las garantías necesarias respecto a la responsabilidad que el agente urbanizador tiene con el Ayuntamiento, sobre todo en lo que se refiere a la asunción de las obligaciones que había adquirido la empresa que estaba al frente del proyecto en el momento de aprobarse.

Por otro lado el Ayuntamiento  sacó beneficio líquido al decidir  la monetarización de los aprovechamientos urbanísticos por los que recibiría  4,1 millones de euros.

El equipo de Gobierno prefirió dimitir de construir vivienda protegida y quedarse con el dinero por consejo de los informes técnicos que advertían sobre la poca rentabilidad  teniendo en cuenta  la edificabilidad permitida y los gastos de urbanización generados por la situación del ámbito declarado zona de interés arqueológico.

Es más, el Ayuntamiento huyó de previsibles problemas con los restos arqueológicos porque ante una valoración de las excavaciones en  42.567 euros los técnicos ya avisaron que «ante la experiencia en la zona colindante de la Vega Baja se presupone la elevación de este coste muy por encima de la estimación».