El Ayuntamiento adeuda 7,7 millones de euros procedentes de 4.069 facturas a proveedores pendientes de pago, algunas del ejercicio de 2017, así como del 2018 y desde enero hasta el 14 de junio de 2019. Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno, Flora Bellón, quien ha desvelado que, a pesar de que aún no disponen de los informes jurídicos, contables y económicos solicitados a los servicios de Intervención y Tesorería, los primeros datos de los informes económicos de los técnicos municipales apuntan que el Ayuntamiento de Talavera tiene obligaciones de pago que ascienden a un total de 7,7 millones de euros.

«Ya venía diciendo que iba a haber sorpresas», ha recalcado la portavoz, quien ha recordado que si bien el pasado 19 de junio informaron de la existencia de más de 670 facturas pendientes de pago por importe de 4 millones, ahora, sumando las facturas de enero al 14 de junio de 2019, la cuantía se eleva hasta esos 7,7 millones, procedentes de un total de 4.069 facturas.

Como ha indicado Bellón, estas facturas están en diferentes fases, con lo que hay algunas que solo están validadas, otras reconocidas pero para las que no se ha dado orden de pago, y otras que tienen orden de pago «pero no se pueden pagar porque el Ayuntamiento no pasa por sus mejores momentos de liquidez». Sobre este punto, la portavoz ha recalcado que hay una «tensión grave de Tesorería» ante la cual «habrá que ir haciendo frente a todas estas obligaciones de pago».

La portavoz ha reiterado el compromiso del Gobierno municipal de cumplir con un calendario de pagos por el que se abonarán las facturas «de atrás para adelante», pagando en primer lugar aquellas que ya tienen orden de pago «y de atrás para adelante conforme se vayan validando».

La portavoz ha avanzado además que desde el equipo de Gobierno están trabajando para la renovación de la póliza de crédito solicitada por el anterior Ejecutivo local por importe de 10 millones. Como ha recordado, se licitó en octubre de 2018 y si bien «se supone que tenía que cubrir todo un año» para «poner freno a esas tensiones de tesorería que suele haber a lo largo del año en el Ayuntamiento», a 14 de junio de 2019 tan solo quedan 1.800 euros. «Está absolutamente gastada, no ha habido previsión ni anticipo por parte del equipo de Gobierno anterior, que no ha dejado renovada la póliza», ha lamentado Bellón, quien ha añadido que es por este motivo por el que hay «tensiones de tesorería» y por ello  no es posible pagar a los proveedores.

Según ha afirmado, desde el equipo de Gobierno están trabajando en renovar la póliza de crédito, algo que obliga a pagar esos 10 millones. Para ello, la portavoz ha precisado que se verá la evolución de los ingresos que tiene el Ayuntamiento, fundamentalmente procedentes del recibo del IBI, para el que vence el periodo voluntario de pago el próximo 31 de julio.

Sobre este punto, Bellón ha indicado que, según los informes de Tesorería, de una previsión de 18 millones de ingresos por el IBI urbano y rústico, la tasa de recibos impagados se suele situar en un 20%.

De esta manera, cuando se disponga del dato de ingresos a finales de julio o a mediados del próximo agosto, se renovará la póliza de crédito y se harán las gestiones correspondientes para ir dando cumplimiento a todas las obligaciones de pago. Además, ha precisado que se estudiará si se incrementa la cuantía de esta póliza de crédito.

Para Bellón, por parte del anterior equipo de Gobierno «se han asumido muy alegremente» esos compromisos de pago, denunciando en este sentido la «falta de gestión y la irresponsabilidad» por parte de los anteriores responsables municipales por «gastar sin saber si había crédito, incluso sin el procedimiento legal correspondiente». Al hilo de esta cuestión, ha avanzado que se va a proceder a la revisión de «muchos gastos que se han hecho sin expediente» y se solicitará al servicio de Secretaría Jurídica del Ayuntamiento que informe sobre el modo en el que se han realizado estos gastos. De igual manera, ha avanzado la intención del Gobierno de adoptar medidas para racionalizar el gasto, reiterando que consideran que no es preciso realizar una auditoría «en el término estricto», pues los técnicos del Ayuntamiento están dando «cumplida cuenta de la situación económica».