Las Cortes aprueban el jueves la Ley contra la Despoblación

C.S.Rubio
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Será una ley pionera en España, al introducir por primera vez la política fiscal como herramienta para luchar contra la despoblación

Las Cortes aprueban el jueves la Ley contra la Despoblación - Foto: Eugenio Gutierrez Martinez

La ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la despoblación y para el desarrollo rural en Castilla-La Mancha, más conocida como Ley contra la Despoblación, llega este jueves al pleno de las Cortes para su aprobación. Una ley que será pionera en el país, al introducir por primera vez la política fiscal como herramienta para luchar contra la despoblación.

 En concreto, esta ley prevé una bajada generalizada de los impuestos autonómicos para los residentes en zonas despobladas o en riesgo de estarlo. En concreto, se plantea una reducción del 25 por ciento en el tramo autonómico del IRPF y una desgravación en la compra o rehabilitación de viviendas habituales. Estas deducciones está previsto aplicarlas a partir del actual año fiscal, que arrancó el pasado 1 de enero.

Como explicó el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro en la presentación de este proyecto de ley a primeros de año, «con la combinación de estas dos desgravaciones, podemos afirmar que los que vivan o quieran vivir al medio rural no pagarán impuestos a la comunidad autónoma». 

Dentro de estas ventajas fiscales se incluye también la reducción a la mitad del impuesto de transmisiones patrimoniales y del impuesto de actos jurídicos documentados, tanto para la adquisición de viviendas como de locales para la implantación de empresas.

Otra de las novedades que se han introducido en este anteproyecto de ley son las medidas de apoyo a las empresas que se ubiquen en estas zonas rurales, que contarán con un 40 por ciento adicional de ayuda por parte de la Administración regional.

A ello se suma la creación de un fondo, dotado inicialmente con 10 millones de euros y abierto a la incorporación de otras instituciones o entidades bancarias, para la financiación de estos proyectos empresariales. De esta forma, «ofrecemos garantía de financiación» a todos los proyectos que quieran implantarse en estas áreas despobladas, defiende Martínez Guijarro.

600 millones hasta 2027. La Junta de Comunidades cifra en 600 millones de euros el impacto económico de esta ley a lo largo del actual período de programación de la Unión Europea (2021-2027). No en vano, irá acompañada por la elaboración de una Estrategia Regional contra la Despoblación con una duración de diez años.

Como ha explicado Martínez Guijarro en más de una ocasión, es una ley enfocada al medio y largo plazo, por lo que se buscará el máximo apoyo posible en las Cortes regionales. De momento, la pasada semana el texto ya obtuvo el visto bueno de la comisión parlamentaria que estudió el centenar de enmiendas presentadas por los grupos, saliendo el dictamen de la futura ley con el voto a favor de PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP, que hasta el momento no ha desvelado cuál será el sentido final de su voto. 

Pendientes por tanto de cuál será finalmente el sentido del voto del PPregional, el debate parlamentario ha incluido en el texto remitido por la Junta medio centenar de enmiendas. Entre ellas destaca la posibilidad de que los ayuntamientos más pequeños puedan compartir servicios como el de la Policía Local. Una iniciativa presentada por Ciudadanos que su portavoz, David Muñoz, ha defendido como «un plus» para mejorar la imagen de seguridad de estas áreas rurales y, con ello, atraer a nuevos vecinos.

Ciudadanos también ha logrado transar con el PSOEsu propuesta de incluir el programa de ‘Erasmus Rural’ de la UCLM dentro del articulado de la futura ley. Y también se ha fraguado un acuerdo en torno la idea de que el ‘retorno de talento’ no se circunscriba solo a castellano-manchegos emigrados.

Así, entre otras medidas, la futura ley contra la despoblación contemplará la devolución total o parcial de las tasas o precios públicos abonados por su formación, si comienzan y mantienen durante un plazo mínimo determinado una actividad laboral o empresarial con estancia efectiva en una zona escasamente poblada o en riesgo de despoblación.

Por contra, una cuarentena de enmiendas se habrían quedado ‘vivas’ para su debate en el pleno de las Cortes de este jueves, todas menos una firmada por los ‘populares’.