Ha sido un importante varapalo tanto para la ciudad como para su alcalde, Emiliano García-Page. Un golpe mucho menor para el movimiento vecinal, que preveía un final así para la ‘película’ urbanística de Toledo.

El Tribunal Supremo tumbó el pasado 27 de febrero el Plan de Ordenación Municipal (POM) aprobado en 2007, ratificando una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Una de las siete emitidas en idéntica dirección. Además, el fallo condena al Consistorio al pago de las costas del proceso judicial.

La mayoría de las asociaciones de vecinos aplauden la decisión de la Justicia, celebran que el POM sea nulo, al considerarlo «disparatado, excesivo o poco realista», y esperan que sirva para aprender la «lección». Es decir, «que todo acto tiene sus consecuencias» y que no seguir «escrupulosamente» la legalidad puede derivar en una situación similar, aunque suceda cerca de una década después.

En cualquier caso, las asociaciones de vecinos piden celeridad y voluntad de acuerdo a los tres grupos políticos con representación municipal con el objetivo de reconducir la situación y evitar que la ciudad quede parada, sin planeamiento urbanístico o con uno de hace tres décadas, ya que el anterior POM data de finales de los ochenta.

‘Iniciativa Ciudadana’

El portavoz de ‘Iniciativa Ciudadana’ del Casco histórico, Hilario Alarcón, analiza el caso basándose en lo que califica como una «certeza» («Toledo no tiene POM, pero parece que no lo tiene desde 2007 porque las sentencias de nulidad se ejecutan desde el inicio del procedimiento») y en una pregunta («¿Por qué el Ayuntamiento se ha enrocado y no lo ha sacado a información pública en este tiempo?»). Alarcón sostiene que el Consistorio debería haber cumplido con el segundo periodo de exposición, marcado por la ley estatal, fundamentalmente porque la modificación realizada fue tan «importante» como incorporar «20.000 viviendas» sin dar opción a alegaciones a aquellos que nos las hubieran presentado antes.  

Respecto a la decisión del Ayuntamiento de girar el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de 2014 sin tener en cuenta la nulidad del POM, es decir, cobrando a los terrenos declarados urbanizables en 2007 como urbanos en lugar de como rústicos, Alarcón alerta de que el Consistorio «se puede meter en un buen lío»: «El suelo es rústico desde que hay sentencia», advierte.

‘Alcántara’

Por su parte, Miguel Ángel García, de la asociación de vecinos ‘Alcántara’ de Santa Bárbara, ejerce en este caso de portavoz del colectivo y se posiciona en contra de la sentencia, al considerar que declarar nulo el POM significa «parar Toledo». En cualquier caso, recuerda que fue la Corporación presidida por José Manuel Molina (PP) la que aprobó el plan, con el visto bueno de la Junta de Comunidades de José María Barreda (PSOE). Se pregunta qué consecuencias tendrá la sentencia para proyectos acometidos en estos años, como el parque comercial ‘Abadía’, y afirma que «los ciudadanos estamos hartos de pagar las diferencias entre administraciones, leyes nacionales y regionales o errores de gestión de los políticos». «Las costas del proceso judicial las va a asumir el Ayuntamiento, y el Ayuntamiento somos todos los toledanos», insiste.

‘El Tajo’

El presidente de ‘El Tajo’ del Polígono, Emiliano García, argumenta que el fallo del Supremo es la «consecuencia» de crear un POM «disparatado y desproporcionado que no obedecía a las necesidades reales de Toledo». Recuerda que la federación ‘El Ciudadano’ avisó de las consecuencias en su momento, insistiendo en «el PP y el PSOE estaban de acuerdo y aprobaron juntos el POM, aunque ahora se echen las culpas unos a otros».

Otra de las consecuencias de ese planeamiento urbanístico fue, a juicio de García, la consolidación de una ciudad dispersa con la creación de urbanizaciones con poca densidad poblacional. «Las grandes distancias provocan que el coste de los servicios sea insoportable. Por ejemplo, el Plan de Transporte es carísimo para una ciudad de 80.000 habitantes», denuncia.

Por eso, el presidente de ‘El Tajo’ considera que el POM necesita ser revisado «de arriba a abajo» y critica que el Gobierno central haya mirado siempre para otro lado en temas de urbanismo: «En ese momento todo valía», lamenta.

Además, García critica que el Ayuntamiento «se olvide» de que el «objetivo» del plan de ordenación debe ser «coser la ciudad», criticando que «anuncie la futura anulación de planes parciales como el de La Alberquilla, que uniría Santa Bárbara y el Polígono, en lugar de otros alejados de los actuales núcleos de población».

‘La Candelaria’

El presidente de ‘La Candelaria’ de Azucaica, Andrés García, advierte que el Consistorio podía haber evitado «la agonía» al conocer «perfectamente» que el Tribunal Supremo ratificaría las sentencias del Superior de Justicia, y más cuando en diciembre se conoció un fallo «igual» en el municipio conquense de Villar de Olalla. Se muestra satisfecho, «porque se trata de una sentencia beneficiosa para decenas de vecinos de Azucaica, afectados por el Impuesto de Bienes Inmuebles durante años».

Respecto a los recibos de 2014, el representante vecinal apunta que el POM es nulo y, por tanto, los terrenos calificados como urbanizables vuelven a ser rústicos, «aunque nunca dejaron de serlo porque no ha habido ningún desarrollo en ellos», por lo que considera que el Consistorio debería cobrar a los propietarios como rústico y no como urbano. Además, pide a los partidos que se pongan de acuerdo «hoy mismo, mañana nos parece tarde» y sostiene que «los políticos están para resolver problemas y no para crearlos o dilatarlos».

‘La Verdad’

El presidente de la asociación de vecinos de San Antón, Tomás Ruiz, insta al Consistorio liderado por García-Page a cumplir la sentencia e iniciar el procedimiento administrativo «cuanto antes» para dar solución «al actual problema». Recuerda que «el POM nos pareció exagerado desde el principio» pero apunta que «Toledo no se puede quedar ni con las 50.000 viviendas previstas en 2007, que eran una barbaridad, ni con el POM anterior de  los años ochenta, que estaba agotado».

‘Río Chico’

Por su parte, el portavoz de la asociación de Valparaíso, La Legua y Vistahermosa, Valentín Romeral, espera que esta sentencia judicial sirva para «aprender la lección y hacer bien las cosas», añadiendo que el Ayuntamiento «debe acatar la legalidad, crear un plan racional y contar con el resto de partidos para ello». «Era un disparate, se hizo mal al no sacarlo a información pública y la Justicia lo ha dejado claro con la sentencia. Ahora hay que buscar un POM de consenso», insiste. Por eso, recomienda a la oposición que «no utilice este asunto políticamente» al considerar que es «especialmente relevante para el futuro de Toledo».

‘Parque de Nara’

Mientras tanto, el presidente del colectivo vecinal de Buenavista ‘Parque de Nara’, José Luis Gascón, advierte que los políticos «deberían dejar de echarse la culpa unos a otros», añadiendo que «entre tanto insulto nos olvidamos de lo importante, que este es un grave problema para Toledo». Por eso, pide mayor celeridad  y disposición para resolverlo.