La futura Ley de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha llegará a su tramitación final en el Pleno de las Cortes regionales a una distancia de la unanimidad de 11 enmiendas. Son las que Ciudadanos ha decidido mantener vivas tras el preceptivo debate de la norma en la Comisión de Asuntos Generales celebrada este miércoles, para que tengan una última oportunidad ante el plenario. Sin embargo, si se tiene en cuenta que el partido naranja sí ha cooperado con PSOE y el PP en cambios del proyecto que diseñó Podemos en la pasada legislatura, como la supresión del Observatorio de la Participación al ser considerado como un organismo redundante, y que el proyecto llegó a la Comisión con unas 90 enmiendas presentadas por todos los grupos (30 de Ciudadanos, cuatro del PP, y 56 del partido proponente, el PSOE), se puede concluir que la futura norma está cerca de una aceptación general de la Cámara.

Resultó clave en el acercamiento entre los tres grupos parlamentarios en la Comisión un largo receso de unas cuatro horas. En este paréntesis, los diputados y el personal jurídico de la Cámara lograron conciliar la gran mayoría de las enmiendas presentadas. Así, los grupos retiraron seis de las enmiendas iniciales y otras quedaron fundidas en 17 enmiendas transaccionales aprobadas por unanimidad, al igual que otras nueve del PSOE. Otras enmiendas socialistas fueron aprobadas por el PP, partido  que no mantuvo ninguna enmienda a votación.

El dictamen final de la futura ley salía adelante al contar sólo con el rechazo expreso del partido naranja, con el PP absteniéndose en el articulado impugnado por las enmiendas de Ciudadanos. Aún así, la exposición de motivos de la norma contó con unanimidad. La portavoz parlamentaria del PSOE, Ana Isabel Abengózar, será la encargada de defender el proyecto legal en el Pleno como ponente.

Entente para eliminar duplicidades.

En una rueda de prensa ofrecida durante el receso, Abengózar expresó su satisfacción  por la próxima aprobación de la norma. Así, reconoció que la norma heredada de Podemos contaba con diversas duplicidades y organismos innecesarios, que su grupo había querido eliminar en el trámite de enmiendas. Así, señaló la importancia que tendrá la norma para «dar la palabra a los vecinos para que tomen parte de las decisiones, y que puedan evaluar los servicios públicos de Castilla-La Mancha».

De hecho, el entendimiento del grupo del Gobierno con los de la oposición fue más allá de la supresión del Observatorio y otros organismos vistos como sobrantes. También se consensuó que la web que sustentará las acciones de participación tenga una apariencia lo más neutra posible, evitando apariencias ideológicas en su diseño.

Desde Ciudadanos, su diputado regional David Muñoz justificaba las enmiendas de su grupo en que «buscan generar una sociedad democrática avanzada y moderna en Castilla-La Mancha», y veía posible el consenso en torno a las mismas.

Por su parte, el diputado regional del PP Vicente Aroca señaló la importancia de esta norma para «hacer participe a la sociedad» de la gestión de los servicios públicos en la región. Pero apostó por cambios que faciliten la representatividad de agentes sociales como sindicatos y empresarios.