Esta madrugada Castilla-La Mancha vivirá su particular Juego de Tronos. Cinco partidos políticos con opciones de entrar en las Cortes y tan solo 33 escaños a repartir. O lo que es lo mismo, seguramente uno de ellos se queden fuera, si no son dos...
Las razones de porqué aquí en Castilla-La Mancha la lucha será un poco más fratricida que en el resto de comunidades no hay que buscarla en las encuestas, que no discrepan significativamente de lo que ocurrió el 28 de abril, sino en lo ajustado del parlamento regional. Solo 33 diputados para 2 millones de habitantes, lo que convierte a la cámara regional en la menos representativa de España.
Las cifras hablan por sí solas. Castilla-la Mancha es la región que menos escaños autonómicos tiene junto a la Rioja, y cada uno de ellos representa a casi 62.000 ciudadanos. Nada que ver con el ya citado parlamento riojano, que a cuenta de su menor número de habitantes, es uno de los más representativos de país. Baste decir que cada uno de los parlamentarios de La Rioja sienta en su escaño a 9.500 votantes.
Ni tampoco tiene comparación el caso castellano-manchego con el de comunidades vecinas como la de Castilla y León, que con una morfología similar y apenas 400.000 habitantes más, cuenta con 84 escaños. Es decir, cada procurador castellano y leonés representa a poco más de 29.000 habitantes, menos de la mitad que en la comunidad. Por no hablar del caso extremeño, que con casi un millón menos de habitantes tiene el doble de diputados, lo que vendría a suponer uno por cada 16.700 habitantes.
Y esto en un día electoral como el de hoy se traduce en hechos como los ocurridos en los comicios de 2015, donde Ciudadanos, con más del 8% de votos emitidos, se quedó fuera de las Cortes autonómicas.
Pero esto no ha sido siempre así. Estos 33 diputados autonómicos son fruto del ‘recorte’ electoral llevado a cabo por Cospedal en 2014, donde pasó de los 53 escaños propuestos por ella misma en 2012 a estos escasos 33.
Una medida que tomó en solitario y bajo la justificación de ser «un ejercicio de austeridad». Razones que la entonces oposición socialista llevó, sin éxito, al Constitucional, al entender que el recorte electoral de la entonces presidenta tenía un único interés: cuadrar los escaños autonómicos a los datos de sus encuestas, dejando fuera de juego a los entonces partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos.
Y, realmente, casi lo consigue, ya que los de Rivera se quedaron fuera con más de 44.000 votos. Si bien no contó con que la suma de PSOE y Podemos la dejaba literalmente sin opciones a revalidar la Presidencia de la Junta.
Y cuatro años después sigue la misma ley, a pesar de que su reforma fue uno de los acuerdos incluidos en el pacto de investidura de García-Page con Podemos. Tras decenas de reuniones y centenares de declaraciones públicas, ni unos ni otros han conseguido cerrar el ‘número mágico’. Entre otras cosas porque una de las condiciones sine qua non era contar con el máximo consenso posible y el PP de Cospedal no ha estado estos años por la labor de hacer ninguna concesión en este sentido.
Por no hablar de los 6 meses de parón que supuso la ruptura ‘morada’ de este pacto de investidura a mitad de la partida. Una ruptura que, de facto, paralizó un año la vida política de la región -las Cortes se pasaron seis meses tramitando presupuestos- y rompió el ritmo de negociación abierto con los partidos.
Ritmo que no se ha vuelto a recuperar, como lo demuestra que la propuesta de reforma electoral ha quedado en estos días de campaña en un muy segundo plano. Se verá si los ‘números’ que salgan de las urnas esta noche facilitan, o no, un cambio de mobiliario en el convento de San Gil.