El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, manifestó este jueves en el Senado que las labores de «autorización, vigilancia, inspección y sanción» frente a los residuos peligrosos, como consideró a los restos de fibrocemento que contienen amianto en el barrio del Polígono de Toledo, son competencia de las administraciones autonómicas, en este caso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Morán respondía así al senador por Toledo, Jesús Labrador, quien preguntó en la Comisión de Transición Ecológica de la Cámara Alta sobre qué medidas está adoptando o tiene previsto adoptar el Gobierno en relación a la retirada de estos residuos.

Sin embargo, y a pesar de dejar la responsabilidad en la Junta, Morán matizó que «no se trata de eludir por parte del Estado la obligada cooperación», ya que el Ejecutivo central mantiene la competencia de «establecer los objetivos mínimos de reducción en la generación de residuos, así como de preparación para la reutilización, reciclado y otras formas de valorización obligatoria de determinados tipos de residuos», como así puso de manifiesto el propio Labrador durante la formulación de su pregunta, en la que resaltó además que existen al menos 90.000 toneladas de este material «que se encuentran incontroladamante en los parajes de Calabazas Altas, Camino de Soto Mochares, Ramabujas, la zona de Dominio Público Hidráulica del arroyo de Ramabujas, la Zona entre Vía Tarpeya y la N-400 y la zona situada entre la calle Ventalomar y Laguna de Arcas, en el barrio de Santa María de Benquerencia, en el término municipal de Toledo», según recoge el texto de la pregunta.

Morán recordó que en la parte que corresponde al Estado, en la zona de dominio público hidráulico del arroyo de Ramabujas, la Confederación Hidrográfica del Tajo ya retiró todos los elementos de fibrocemento presentes en ese dominio de su competencia, «tanto en las márgenes como a lo largo del cauce del arroyo entre junio y noviembre de 2016».

Una actuación que se realizó mediante ejecución subsidiaria de dos expedientes sancionadores que previamente se habían incoado a los titulares de las fincas colindantes, y por lo que Labrador le pidió que mantuviera esa misma postura en lo sucesivo ya que, debido a las últimas lluvias, el arroyo estaba aflorando nuevos restos.

Labrador puso a los miembros de la comisión en antecedentes cuando habló de que esos restos se encuentran a escasos 300 metros de viviendas y colegios en el Barrio de Santa María de Benquerencia, y a unos 600 del futuro Hospital General de Toledo. Además resaltó que en los últimos meses se han producido tres muertes por mesotelomia, que las familias y la plataforma ‘Toledo sin Amianto’ relacionan con estos vertidos, y que la Junta niega.

El secretario de Estado confirmó que en lo que al Ejecutivo central compete, mantendrán esa labor de coordinación con «un sistema electrónico de información en materia de residuos que permita facilitar el intercambio de información entre las autoridades competentes».

La idea es que este mecanismo «contenga el registro en materia de producción y gestión de residuos con bases de datos de productores, gestores, instalaciones de tratamiento de residuos y que se posibilite el intercambio electrónico de los documentos y procedimientos de control».