El pilar europeo de derechos sociales consiste en ofertar a los ciudadanos unos derechos sociales nuevos y más efectivos, y se sustenta en veinte principios estructurados en tres categorías relativas a la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, a las condiciones de trabajo justas, y a la protección e inclusión social. Garantías que, claro está, deben trabajarse tanto en el ámbito local como en el regional.

No en vano, el presidente Juncker aseveró, sobre la proclamación del pilar europeo de derechos sociales, 17 de noviembre de 2017, la asunción del «compromiso con un conjunto de 20 principios y derechos. Desde el derecho a salarios justos hasta el derecho a la asistencia sanitaria; desde el aprendizaje permanente, la conciliación de vida privada y profesional y la igualdad de género hasta los ingresos mínimos: con el pilar europeo de derechos sociales, la UE defiende los derechos de sus ciudadanos en un mundo en rápida transformación».

Bajo la pretensión de «profundizar en el avance» de  línea de acción, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en España (EAPN) instó a la «reflexión» en el seminario ‘El Pilar Europeo de Derechos Sociales’ que, en su inauguración, contó con la presencia de la consejera de Bienestar Social en funciones, y con la asistencia de los responsables de todos los agentes con competencias en la materia.

En este contexto, y apostando por apuntar los pasos positivos del camino emprendido, Braulio Carlés destacó que en Castilla-La Mancha durante la ya pasada legislatura se ha estado «avanzando en esta línea en torno a cuestiones que, como la ley del tercer sector y la de garantías, son fundamentales para trabajar a favor de las personas que están en situación de riesgo de exclusión social». Por ello, y apreciando que «es complicado» fijar el momento de este progreso «de manera tangible», sí confirmó el presidente de la red de Castilla-La Mancha que se está prestando especial atención «a los niños y niñas empobrecidas, a los parados de larga duración o a las personas sin hogar». Tras ello aseguró que «estamos en un buen momento para materializar todo esto» mostrando su plena confianza en que «en esta nueva legislatura todo se concretará y se pondrán en marcha».

Sobre los sonrojantes datos registrado en torno a la pobreza infantil y al resto de situaciones ligados a la exclusión social, Braulio Carlés prefirió «no ser alarmista» inclinando la balanza hacia el lado del «descenso de estos porcentajes en los que tenemos que seguir trabajando porque nos falta mucho».

Sólo apuntar, en este sentido, que en la región «los niveles de pobreza han bajado 10 puntos» a pesar de que, evidenció, «sigue habiendo personas sin hogar, refugiados con problemas, pequeños y familias sin recursos».

Compromiso regional. Aurelia Sánchez valoró el compromiso adquirido por la Unión Europa con pilar europeo de derechos sociales, una estrategia «en la que estamos implicados todas las administraciones», ya que «las comunidades autónomas tenemos una gran responsabilidad». De ahí que la consejera de Bienestar Social en funciones explicitase el «absoluto compromiso del Ejecutivo con los derechos sociales y su ejercicio».

No desaprovechó la ocasión para enumerar las «muchas medidas» habilitadas en la pasada legislatura relacionadas, por ejemplo, con «la Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social, el Plan de Infancia y Familia, con el desarrollo de los cuidados de larga duración dentro del Sistema de Dependencia, y con todo el sistema de Servicios Sociales».

Actuaciones llamadas, apreció,  «a dar respuesta a esta exigencia de la Unión Europea de seguir trabajando por aumentar los derechos sociales, pero sobre a garantizar el ejercicio de estos derechos en la ciudadanía» porque, sentenció Sánchez, «el objetivo siempre es el bienestar de todas las personas, en especial a las de los colectivos más vulnerables».