El jefe del Ejecutivo ha lamentado que en décadas anteriores se haya permitido la liberalización de las grandes operadoras de energía y telecomunicaciones y, sin embargo, han tenido que seguir siendo las administraciones públicas las que han costado las infraestructuras para que estos servicios lleguen a los ciudadanos, mientras que los beneficios económicos finalmente van a parar a las multinacionales. Por ello, ha avanzado que Castilla-La Mancha dispondrá en breve de una ley de desarrollo territorial que establezca la accesibilidad a las telecomunicaciones y sean consideradas un servicio esencial. El derecho digital será incorporado al catálogo de otros muchos derechos que van a tener las generaciones futuras.