No es la primera vez que una estadística judicial provoca controversia por chocar con las de otros ámbitos. Las discrepancias en la contabilización de delitos desde el Poder Judicial y el Ministerio del Interior son un buen ejemplo de esto. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha generado desde este lunes una enorme polvareda en la región al difundir un recuento de víctimas mortales de la epidemia del coronavirus en la región (1.921 en el mes de marzo) que supera ampliamente el difundido por la Consejería de Sanidad  (774 en el mismo mes). De poco ha servido que el alto tribunal regional haya explicado que en su conteo ha incluido no sólo las víctimas confirmadas por prueba médica, como hace Sanidad, sino también aquellas sospechosas de haber sufrido el virus como factor final de su muerte aún a falta de comprobación irrefutable. Y es que, en la elaboración de su estadística, el alto tribunal se está conformando con lo «verosímil» -esto es, «que parece verdadero o es creíble», según el diccionario de la Real Academia- para ir más allá del número de víctimas comprobadas.

En la justificación de este  proceder, suscribe un informe el presidente del tribunal regional, Vicente Rouco. Señala que los forenses de su demarcación le comunicaron un «aumento significativo de la mortalidad desde  un  primer  momento,  aunque  no  siempre  aparecía  referenciado  a  la  infección  por  el virus, (...),  si  bien  todos  los  indicios  y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal o determinante».

Rouco envió una circular a registros civiles y juzgados de paz de la región, reclamando las licencias de enterramiento que hubiera concedido durante el pasado mes de marzo,  «diferenciando  los supuestos de licencias expedidas en los que se concluyera la causa de la muerte por COVID de aquellos en que se consignase como probable o sospechosa».

Y para fijar la causa probable, el presidente del TSJ recomienda recoger como supuestos sospechosos no solo aquellos en los que se consignase como probable el contagio  de  COVID  sino «también  aquellos  en  los  que  concurrieran  patologías  o  causas inmediatas o intermedias relacionadas con el Virus como infección o fracaso respiratorio o pulmonar o neumonías». Hay que señalar que estas patologías, aún siendo propias del coronavirus, pueden confundirse con las provocadas por otras enfermedades, empezando con la gripe común con la que en su día fue comparada esta dolencia.

Rouco alega para hacer esta estimación la comparativa de los datos  de marzo con las licencias de enterramiento  y defunciones de los dos años anteriores, «que arroja una clara desproporción entre dichas cifras, diferencia que explica el fallecimiento en estos casos muy posiblemente por dicha infección de coronavirus».

De cara al futuro, Rouco pone deberes al servicio de médicos forenses para que pula los datos de manera definitiva. «Colaborarán con los Registros Civiles en la revisión y examen de las inscripciones donde las certificaciones ofrezcan sospechas verosímiles de que la causa inicial o fundamental del fallecimiento pueda ser debida a probable infección por COVID19», ordena.

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Madrid: 9.000 fallecimientos en la segunda quincena de marzo, frente a 3.000 muertes durante toda la epidemia.

Castilla-La Mancha no es la única autonomía en la que ha generado polémica la difusión por la Justicia de datos mortuorios. En su vecina del Norte, Madrid, su Tribunal Superior de Justicia ha confirmado que sólo en la segunda quincena de marzo se han emitido 9.007 licencias de enterramiento de cadáveres. Esta cifra triplica las 3.057 muertes por coronavirus confirmadas en esta región desde el inicio de la epidemia hasta el 31 de marzo.

El consejero de Justicia madrileño, Enrique López, se refería a este disparidad en una entrevista radiofónica este martes. Alegó que que el Ministerio de Sanidad determinó que para medir la evolución de la pandemia solo se contarían víctimas confirmadas de la COVID-19, y no las sospechosas, pero destacó que ha habido «muchos fallecidos en domicilios o en residencias».

En su exposición de datos mortuorios en estas fechas, el TSJ madrileño evita especular sobre las causas de estos fallecimientos a diferencia del castellano-manchego. Fuentes de este tribunal indicaron al presentarlos que «no se concreta exactamente cuántas obedecen a fallecimientos por causa del virus COVID-19 o responden a otras circunstancias».

En la polémica a cuenta de estas diferencias de datos de víctimas mortales en Madrid y Castilla-La Mancha según Sanidad o sus tribunales superiores también se ha pronunciado el Gobierno central. El Ministerio de Justicia ha comenzado a recopilar de forma diaria el número de defunciones inscritas en todos los registros civiles y las licencias de enterramientos concedidas para contar con información «objetiva y veraz» sobre el número de fallecimientos durante la pandemia de coronavirus.