Hay veces que la solución no está tanto en el qué, sino en el para qué, tal y como se ha visto este martes en la comisión parlamentaria sobre la despoblación, por la que han pasado ya cerca de un centenar de ponentes. Y es que, como apunta el presidente regional de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca, «no todo es poner banda ancha en los pueblos».

Lo que le pide Villafranca a los grupos parlamentarios  es no caer en el simplismo de ver «la digitalización» como la solución a todos los problemas del medio rural. Y lanza aquí una reflexión: la banda ancha es muy necesaria, pero no puede servirnos solo  «para que los senderistas tengan cobertura los fines de semana».  Como insiste, «tendremos que saber para qué la queremos» y, también, cómo usarla.

Pero, además de mejorar las carreteras de la comunicación, los pueblos también necesitan ver mejorar sus carreteras de toda la vida. «Presumimos de autopistas, pero estas no sirven para pararse, hay que revisar la conexión entre los núcleos rurales», reivindica.

En este punto, señala a su sector, el de industria agroalimentaria, y advierte de la necesidad de potenciar su salida al exterior. «Necesitamos infraestructuras que abaraten los costes, estamos a 300 kilómetros del puerto más cercano y a 600 de la frontera, todo lo que baje los costes de transporte será bueno para nuestros productos».

En este sentido, explica que en todas las comunidades se está analizando ya la ubicación de puntos estratégicos -puertos secos- «para despachar su mercancía para la exportación». Algo que, a su juicio, sería un plus para el campo regional, uno de los principales motores económicos de Castilla-La Mancha a día de hoy.

Villafranca invita aquí a «diseñar un mapa del territorio», donde definir en qué áreas hay que actuar y qué hacer en cada una de ellas. Pero lo que realmente se necesita son «recursos económicos suficientes», a fin de que la futura ley contra la despoblación «no se quede en una mera declaración de intenciones».   

Un sector agroalimentario que también puede ser innovador, tal y como se desprende de la comparecencia de Sonia Sáez Herráiz, promotora del proyecto Prodese, enfocado a la promoción de la trufa negra en la Serranía de Cuenca.

Tal y como defiende, la potenciación de este cultivo puede ser un freno a la despoblación, por lo  que no se entiende  que Castilla-La Mancha no cuenta a día de hoy con un centro de investigación sobre este proyecto y que lo poco que existe sobre el tema  -un estudio en  el Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales El Serranillo de Guadalajara- esté en estos momentos «paralizado».  ¿El objetivo? Que la trufa negra sea para Cuenca «lo que el cochinillo es para Segovia», con todo lo que ello implica.

Pero no todo es campo y agricultura, como insiste el director del Centro Coworking el Hueco de Soria, Joaquín Alcalde. Su mensaje es claro:«seamos capaces de imaginar un mundo rural diferente y diverso», no solo enfocado al sector primario.

En este sentido, invita a aprovechar los cambios que la pandemia ha traído consigo. Como señala, «mucha gente está valorando ahora volver al pueblo de sus abuelos» y el «teletrabajo ha avanzado en unos meses más que en diez años».

No obstante, «hay algo que no estamos haciendo bien». Y para ello pone como ejemplo al Reino Unido, donde hace 15 se puso en macha  un Mecanismo de Garantía Rural, para analizar el efecto de las políticas públicas sobre lo rural. «Es necesario que los diferentes legisladores analicen cómo afecta sus normativas a la revitalización de los pueblos. No se debería aplicar la misma legislación en un pueblo de 3.500 habitantes como Sigüenza que en una ciudad como Madrid», avisa Alcalde.

«No es solo un problema de dinero,  infraestructuras o servicios, los que vivimos en los pueblos también tenemos que cambiar nuestra mentalidad, para que lo rural se vea de otra forma, como una oportunidad», concluye.

Un mensaje parecido al de Cristina Gutiérrez-Cortines, de la Fundación ‘Ars Civilis’, que señala en la necesidad de que las administraciones sean «evaluables» y se revise si son «solventes» a la hora de dar respuesta a los problemas que presenta la sociedad. «Hoy en día nuestro modelo de gobernanza no es muy útil para atajar la despoblación. Como primera medida, el Estado debería declarar un régimen especial para determinadas zonas de España, porque si no, no se pueden hacer determinadas políticas y eso sería prevaricar».