Hay deberes para todos. La última auditoría del Tribunal de Cuentas a Castilla-La Mancha, la referente a 2016, ya ha pasado por la Comisión mixta de las Cortes generales, en la que hay diputados nacionales y senadores, que han hecho encargos concretos tanto al Gobierno regional como al propio órgano fiscalizador. Ayer se publicó en el BOE la lista de tareas pendientes.
Entre los encargos que hacen al Tribunal de Cuentas, le piden que vigile la política de recursos humanos de algunos entes públicos de Castilla-La Mancha. En concreto, piden un «control específico» de aquellos «que superan la cuantía prevista en gastos de personal, así como los excesos en la contratación de personal temporal». Asimismo, ponen también el foco en la formalización de contratos de fijos-discontinuos y la transformación en indefinidos «sin contar con las autorizaciones legales preceptivas».
Este encargo seguramente tendrá mucho que ver con algunas conclusiones del informe de 2016. En la parte de personal, por ejemplo, se expuso que las empresa públicas Gicaman, la Sociedad para el Desarrollo Industrial e Infraestructuras del Agua superaron la cuantía prevista en los presupuestos para gasto de personal. En el caso de Geacam, se indica que se habían formalizado nuevos contratos de la modalidad fijo-discontinuo y se habían transformado otros en indefinidos sin contar con las autorizaciones legales preceptivas. También la auditoría recalcó como llamativo que el Servicio de Salud el Sescam, tuviera que hacer en un año 63.550 contratos para cubrir necesidades de carácter temporal.
Ciberriesgos. Otro de los encargos es muy específico. Los parlamentarios instan al Tribunal de Cuentas que haga un seguimiento del cumplimiento de «la prevención de ciberriesgos a los que están expuestos los sistemas de información y de la gestión de incidentes de seguridad».
También plantean al órgano fiscalizador que inste a Castilla-La Mancha a que modifique la normativa para entregar sus cuentas antes (plantean el 30 de junio del ejercicio siguiente) y también que regule la elaboración de un informe por fundaciones, empresas y consorcios que exponga si cumplen con las obligaciones de carácter económico-financiero que tienen que asumir por formar parte del sector público.
Recomendaciones incumplidas. La auditoría que hace año tras año el Tribunal de Cuentas a Castilla-La Mancha termina con una serie de recomendaciones, que a veces varían poco de un ejercicio a otro. Quizá por eso la Comisión Mixta aconseja que lleven un registro de las recomendaciones que no se cumplen.
Registros públicos de infractores. Para la Junta de Comunidades también hay deberes. Uno de los más llamativos es la implantación de registros públicos de infractores para las leyes autonómicas de Evaluación Ambiental y de Montes. Además le exigen al Gobierno regional que sea más efectivo en las sanciones en este apartado.
Esto se lo piden a la Junta porque el informe de fiscalización ya le daba un tirón de orejas porque se había dejado caducar el 9% de los expedientes de sanción ambiental, que sumaban más de 300.000 euros en multas, con 137 expedientes de residuos y 21 de contaminación atmosférica. La auditoría identificaba dónde esta problema: el corto plazo que tenía la Consejería de Agricultura para resolución del procedimiento, que era de tres meses. Para solucionarlo en 2017 se amplió hasta los nueve meses.
Adelantar la remisión de cuentas e incluir a todo el sector público. La Comisión Mixta le pide al Gobierno regional que cambien la normativa para adelantar la rendición de cuentas antes del 30 de junio y que tome medidas para integrar en la Cuenta General las cuentas de todos los entes del sector público regional. Los diputados y senadores consideran que así se ofrece «una visión consolidada de la actividad económica-financiera de los entes de la Comunidad».
Modificaciones de créditos. Si el Gobierno regional decide seguir a rajatabla lo que le pide la Comisión Mixta también tendrá que reformar la Ley de Hacienda en materia de modificaciones de créditos. En concreto, tendría que incluir «como requisito exigible» para proceder a las ampliaciones de crédito que estas se realicen contando con una oportuna financiación. Exponen que cuando no se hace así, se acaba incurriendo en desequilibrios que luego llevan a incrementar el déficit. De hecho, el informe de fiscalización de ese ejercicio incidió en que se cerró con un 0,82% del déficit, por encima del objetivo para ese año, que era del 0,7%.
Para promover la sostenibilidad financiera, la Comisión Mixta aconseja a la Junta elaborar un plan de disposición de fondos «como instrumento de planificación y gestión de las disponibilidades líquidas». La auditoría de 2016 registró un incremento de deuda de 629 millones, que ese año cerró en conjunto en los 14.055. Pero ese incremento cumplió el objetivo de deuda marcada para ese año.