La balanza de la actividad judicial no ha llegado a equilibrarse en 2020 a pesar de los esfuerzos y refuerzos en algunas jurisdicciones para sacar adelante la paralización de dos meses que afectó a los juzgados la primavera pasada, salvo a los que llevaron asuntos urgentes. El Consejo General del Poder Judicial ha publicado recientemente la memoria del año pasado y en líneas generales el número de asuntos descendió en todas las jurisdicciones y la pendencia fue en aumento, aunque no todos sufrieron las consecuencias con la misma intensidad. Los juzgados de la provincia de Toledo siguieron esta misma senda, puesto que registraron una caída del 11,2% en la jurisdicción penal y de un 14,7% en la civil.
Según los datos, los órganos de Toledo se mantienen en la horquilla del descenso significativo que marcan las cifras en el conjunto nacional, con una merma en la actividad penal del 15,3% y del 7,3% en la civil. La tendencia del año pasado se invirtió en comparación con la actividad de 2019 respecto a 2018, que arrojó un aumentoun 4,8% la entrada de asuntos y también creció su resolución. Está claro, tal y como se indica desde el CGPJ, que la pandemia y la suspensión de la actividad durante algo más de dos meses trastocó la actividad en un 2020 complejo y plagado de restricciones sanitarias para evitar contagios.
Los juzgados de la provincia recibieron 27.783 asuntos a lo largo del año pasado, 817 por cada juzgado, y resolvieron 26.527, casi tres mil menos que en 2019, lo que se traduce en una caída de un 10%. Y aunque hubo menos actividad, los juzgados necesitarían catorce meses para resolver todos los asuntos, un mes y siete días más que la pendencia registrada el año anterior. Si bien, la peor parte se la llevó, sin duda, el juzgado de lo Mercantil, que tiene bastantes asuntos sin resolver y tardaría dos años y nueve meses en quedarse a cero si no entrase ninguno más durante ese periodo, con lo que la pendencia creció el año pasado en poco más de diez meses. Aun así, este órgano se ha desligado de la actividad que mantenía como juzgado mixto y ejerce como órgano especializado desde el 1 de enero, pero aún es pronto para evaluar su comportamiento y la descarga de asuntos.
Respecto al ámbito penal, los juzgados iniciaron 2020 con 15.680 asuntos pendientes. A lo largo del ejercicio entraron 29.836 y se resolvieron 27.631 procedimientos, 727 de media por juzgado, un 13, 7% menos que durante 2019. A pesar del buen ritmo de resolución, harían falta prácticamente tres años para acabar con el volumen de asuntos siempre que no entrara ninguno en ese periodo. En este caso, la estadística del CGPJ refleja que la pendencia se incrementó en catorce meses y cuatro días respecto a 2019.
Por otra parte, si se analizan los datos relativos a la violencia de género, lo cierto es que en la jurisdicción penal se actuó con rapidez el año pasado porque la materia se consideró urgente y únicamente harían falta cinco meses y tres días para dar salida a todos los asuntos pendientes. Una cifra que poco tiene que ver con lo que ocurre en la jurisdicción civil, que precisaría de prácticamente dos años para dejar a cero los procedimientos relacionados con la violencia de género, una importante pendencia debida, en buena parte, a que los procedimientos no exigen la urgencia del ámbito penal en la aplicación de medidas.
otros juzgados. La jurisdicción que ha conseguido bajar los niveles de pendencia ha sido la de lo Contencioso-Administrativo, que mantiene tres juzgados en la provincia. Ingresó 1.064 asuntos, un 29,1% menos que en 2019, pero consiguió resolver 1.255, 36 asuntos más que el ejercicio de 2019 y sus órganos mantienen un retraso en la actividad de dos meses y tres días menos.
La jurisdicción de lo Social también mantiene un intenso ritmo de trabajo desde hace unos años en sus tres juzgados. Recibieron en total 3.395 asuntos, es decir, un 9,7% menos que en 2019, pero aun así las cifras son elevadas porque cada órgano tocó a más de 1.100 asuntos cuando el Consejo General del Poder Judicial marca un máximo de 800 asuntos por juzgado como carga asumible para cada uno de los órganos.
El exceso de asuntos en esta jurisdicción llama la atención desde hace tiempo a pesar de que la pendencia sea más discreta que en otras jurisdicciones, ya que estos juzgados únicamente tardarían 8 meses y 5 días en resolver todos los asuntos si no entrara ninguno más durante ese periodo. De hecho, la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ya contempló hace tres años la necesidad de poner en marcha un juzgado más de lo Social para terminar con el exceso de trabajo y la demora en los señalamientos.