Los alcaldes del PP-CLM han advertido hoy que “no podemos esperar hasta el mes de diciembre para tener una Ley contra la ocupación ilegal” que ponga solución a este grave problema que afecta a toda España y a nuestra región.

Así lo han demandado alcaldes de la provincia de Toledo tras la reunión que han mantenido con el presidente provincial y senador, José Julián Gregorio, y los diputados regionales, Emilio Bravo y Gema Guerrero, donde además han recordado la necesidad de tener a su alcance “herramientas” para atajar la ocupación ilegal en sus municipios.

El presidente provincial y senador del PP, José Julián Gregorio, ha lamentado que la provincia de Toledo es una de las más “castigadas” por la ocupación ilegal y asegura que está haciendo “muchísimo daño a nuestros vecinos” que se sienten inseguros e intranquilos.

De esta manera, ha destacado que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, está liderando la iniciativa legislativa para frenar la ocupación ilegal de viviendas y que el partido ya está trabajando en el texto normativo, que se presentará en breve en las Cortes Regionales, porque esto no va de “colgarse medallas”, sino de trabajar y de solucionar los problemas de los castellano-manchegos.
Además de esto, Gregorio ha denunciado que el consejero de Fomento mintiera, -en sede parlamentaria-, al afirmar que el Gobierno regional ya estaba trabajando en una Ley anti ocupación, pero la realidad es que “en la previsión legislativa del periodo de sesiones no aparece ninguna normativa para poner solución a este problema”, y, al mismo tiempo, ha lamentado que dijera que “no había prisa y que se podría presentar hasta el 31 de diciembre”.

También, ha recordado que Page “ha faltado a su palabra”, puesto que se comprometió con el jefe de la oposición, Paco Núñez, a alcanzar un acuerdo conjunto en materia de ocupación para trasladar desde las Cortes Regionales un texto normativo al Consejo de Ministros para poner fin a la ocupación ilegal.

Además, el dirigente popular ha avanzado que hay “elementos muy importantes” en la Ley en la que está trabajando el PP como la imposibilidad de empadronamiento por parte de los ayuntamientos, también que los propietarios podrán solicitar el desalojo y cambiar puertas y ventanas, y, esto supone, por tanto, que las personas jurídicas podrán iniciar el procedimiento legal.