Finalmente el Ministerio de Hacienda ha podido autorizar el abono de las entregas a cuenta actualizadas para 2019. Lo acordó esta mañana el Consejo de Ministros lo que supondrá para Castilla-La Mancha una inyección adicional de 226,31 millones de euros, que coincide con el cálculo que había hecho la Junta. Quedaría todavía pendiente el abono de otros 135 millones de liquidación del IVAde 2017.

El Consejo de Ministros también ha calculado la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2018. En el caso de Castilla-La Mancha le corresponden 210,19 millones de euros más, que se abonarán el año que viene.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page,  avisó en una entrevista en la Cadena SERque el gasto social, «el que está vinculado al Estado del Bienestar», es el que más se resiente por los retrasos en las entregas a cuenta del Estado. «Para nosotros el 80% del gasto es social, nosotros le dedicamos mucho a gasto social y, por tanto, es lo que más se resiente», insistió. Por eso Page defendió ayer que las aportaciones aprobadas por el Estado «no debieran estar al pairo de la coyuntura presupuestaria».

Sobre este asunto, el presidente regional puntualizó que «el debate es técnico y no político», y que «hay una discusión técnica que este gobierno se ha esforzado en resolver», para recordar después que cuando gobernó el PP, «Rajoy no movió papeles ni se esforzó en buscar un resquicio legal» para dar solución a este problema.

A este respecto, Emiliano García-Page, afeó al anterior Gobierno central que permitiera que «se resintiera la Sanidad y la Educación amparándose en informes jurídicos».

Ruiz Molina explica el Informe de la Abogacía. El consejero de Hacienda también agradeció que la ministra Montero haya buscado este 2019 un resquicio legal para actualizar las entregas a cuenta y afeó que en su día Montoro, cuando gobernaba el PP, no lo hiciera

En cuanto a la posición de la Abogacía del Estado, para Juan Alfonso Ruiz Molina ha tenido que ser clave la nueva convocatoria de elecciones. «Para el informe de la Abogacía del Estado se ha producido un hecho nuevo, que es la convocatoria de elecciones y la certeza de que no va a haber presupuestos en 2019», explicó, «lo que ha motivado que ha dado el visto bueno para que se puedan liberar las entregas a cuenta».

El consejero no ocultó que las presiones por parte de las comunidades eran «más acuciantes» conforme pasaban los meses y reivindica que se trata de «un dinero que pertenece a los ciudadanos de esta región, que tiene que estar al margen de si hay un gobierno en funciones».