El Partido Popular de Méntrida ha presentado una denuncia contra el alcalde de lal ocalidad, Alfonso Arriero, y los concejales Concepción Lozano (IU), Fernando Herradón (PSOE) e Iván Núñez (Cs), por un presunto delito de prevaricación administrativa, «al haber dictado una resolución injusta a sabiendas de su injusticia», contradiciendo un informe del secretario municipal. El PPasegura que contradijeron dicho informe con el objeto de contratar a una persona de confianza del Gobierno Local del PSOE para encargarse de los temas urbanísticos del municipio.

La denuncia se basa en una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número de Toledo, en la que se anuló todo el proceso de contratación y se obligó a la reposición en el puesto de arquitecto municipal a quien debía haber sido elegido siguiendo el procedimiento legal. El PP recoge que en la sentencia que apuntaba expresamente que, al apartarse los miembros de la mesa de contratación del informe de Secretaría, surge «la posible comisión de un delito de prevaricación al amparo de lo dispuesto en el artículo 404 del Código Penal», pues varios miembros de la mesa modificaron la valoración de las ofertas presentadas para elegir a una persona concreta.

El PP explica que el arquitecto que responde a las siglas CPF obtuvo la máxima puntuación (10 puntos), pero que después, «bajo la apariencia de la estimación de las alegaciones de uno de los interesados», se modificó la valoración de las ofertas presentadas y se terminó adjudicando el contrato a otro de los licitadores, que responde a las siglas SRS. Ahí es donde el PP recalca que se hizo en contra del Informe del Secretario-Interventor del Ayuntamiento, que advirtió de que no se debían valorar determinados proyectos al no haber llevado SRS.  la dirección facultativa de esas obras».

El alcalde niega que se quisiera contratar a un arquitecto cercano al PSOE

Al alcalde de Méntrida le sorprende que el PP le vaya a denunciar dos años después de que se celebrase la mesa de contratación. Y además Alfonso Arriero recuerda que precisamente en esa mesa no hubo votos en contra, solamente dos abstenciones, y que hubo votos a favor de tres partidos distintos: PSOE, IU y Ciudadanos. Lo argumentó ayer también para defenderse de la acusación de que lo que se pretendía era adjudicar el contrato a un arquitecto cercano al PSOE.

«Yo entiendo que es más una maniobra política de cara a las elecciones», comentó ayer a La Tribuna. Además replica el principal argumento del PP, que acusa a la mesa de contradecir el informe del secretario, pues asegura que el informe «no era vinculante»y que dejaba claro por escrito que la decisión quedaba a criterio de la mesa. «Era un informe en el que el secretario hacía recomendaciones», señaló, «hacía referencia a cosas que consideraba que teníamos que tener en consideración».

Lío con el arquitecto readmitido

Pero ahí no termina el embrollo. El PPse hace eco de que el Ayuntamiento, tras la tentencia antes citada que anula todo este proceso, se ha visto obligado a la reposición de CPF. Pero los populares se quejan de que ahora el alcalde lo ha despedido, «acto seguido a su incorporación».

Apuntan «el menoscabo económico concreto que se ha causado a las arcas municipales, pues a consecuencia de la anulación de la contratación han tenido que desembolsarse del Ayuntamiento la cantidad aproximada de 40.000 euros», lo que se manifestó en un Pleno Municipal a preguntas de la oposición.

Arriero explicó a La Tribuna que primero el Ayuntamiento adjudicó el contrato a un arquitecto, pero luego vino otro que reclamó y que la mesa de contratación aceptó que esa reclamación era adecuada y le dio el contrato a él. Fue ahí donde se adjuntó en el acta el informe del secretario. El primer arquitecto decidió ir a los tribunales y denunciar el cambio en la adjudicación del contrato. El Juzgado Contencioso-Administrativo le dio la razón y por eso el Ayuntamiento de Méntrida ha tenido que readmitir al primer arquitecto.

El alcalde precisó ayer que han readmitido al primer arquitecto, pero hasta la fecha de finalización que figuraba en el contrato, que era de dos años. «No ha habido un despido», apuntó.