El confinamiento de poco más de dos meses la pasada primavera para luchar contra la pandemia de coronavirus colocó en una complicada situación a las mujeres víctimas de violencia de género. Los expertos avisaron que se agravaría la problemática por la convivencia 24 horas con los agresores, que habría más dificultades para denunciar los hechos y el apoyo sería menor por la paralización de la actividad.
También desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del CGPJ, se alertó de la situación pese a que se trataba de una materia urgente que no resultó afectada y los datos dan la razón a todos aquellos avisos en líneas generales. Si bien, Toledo se sale de la estadística porque en la provincia se interpusieron más denuncias a pesar del encierro y del escollo que traía aparejado el estado de alarma.
El boletín del segundo trimestre publicado recientemente por el Observatorio arroja que los juzgados de Toledo recibieron 457 denuncias por violencia machista entre abril y junio, es decir, un 24,1% más que en el primer trimestre. La mayor parte a instancias de la víctima en las comisarías de policía y las restantes fruto de la intervención directa de los agentes. En este caso, no hubo ninguna procedente del ámbito familiar, algo que no sorprende porque todavía es necesaria una labor de concienciación con el objetivo de que los familiares se impliquen en la problemática y acudan a denunciar a los juzgados.
De este análisis tampoco se desprende que en Toledo se hayan producido variaciones en esta materia reseñables por el hecho del estado de alarma en comparación con el año anterior. Sin ir más lejos, en el segundo trimestre de 2019 los juzgados recibieron 460 denuncias, solo tres más, con lo que la crisis del Covid-19 no ha afectado ni ha producido una importante disminución interanual en este indicador a pesar de que las denuncias cayeron un 14,6% de media en los juzgados españoles con esta materia.
Por tanto, Toledo mantiene una situación llamativa y los datos ofrecen cierto respiro porque demuestran que las víctimas sí fueron capaces de denunciar su situación. Si bien, en otros muchos casos sí se ha reflejado en distintos juzgados «la dramática situación vivida por las mujeres obligadas a vivir durante el estado de alarma con sus maltradores», como explica Ángeles Carmona, presidenta de Observatorio.
otros indicadores La actividad delictiva también aumentó durante el estado de alarma. Se registraron 489 delitos, 32 más que durante el primer trimestre. En la mayoría de los casos los delitos guardan relación con agresiones físicas y verbales, pero en esta ocasión el dato más dramático y llamativo lo ofrece un homicidio, aunque todo indica que se ha contabilizado por error en este segundo trimestre pero ocurrió el 22 de enero. Durante esa madrugada un hombre asesinó a su pareja, de 43 años, en La Puebla de Almoradiel y poco después fue detenido. Fue el cuarto asesinato de violencia machista de ese mes de enero.
Por otro lado, se observa en la estadística que se produjo un aumento en el número de víctimas que finalmente rechazaron declarar contra los agresores, parejas, cónyuges o exparejas en general. Entre abril y mayo se contabilizaron 75 dispensas de la obligación de declarar, un 22,9% más que durante el primer trimestre. A pesar de que esta posibilidad es un derecho perfectamente reconocido, los operadores jurídicos llevan años alertando de sus inconvenientes, sobre todo, porque en muchos casos provoca la suspensión del procedimiento por falta de testimonio.
Por contra, se advierte un importante descenso de las órdenes de protección. En este segundo trimestre se solicitaron 81, pero se adoptaron finalmente 50 porque en 31 de ellas no se cumplían los requisitos, mientras que en el primer trimestre se incoaron 139, es decir, un 41,7% más, y finalmente se desestimaron 47. El porcentaje indica que en Toledo las órdenes de protección cayeron muy por encima de la media nacional, con una disminución de 14,8%.
Las condenas a los agresores también han sufrido variaciones. Entre abril y mayo los tribunales de la provincia emitieron un 71,4% de sentencias condenatorias. En este caso, Toledo se sitúo como la provincia con menos condenas en relación a los enjuiciados, ya que en Cuenca y Guadalajara todos los procesados fueron condenados, en Ciudad Real un 95,8% y en Albacete un 75%.
Si se establece una comparación con el primer trimestre, los jueces de Toledo dictaron menos sentencias condenatorias, -3,2%, lo que motivó que pasara de ocupar la tercera posición a la quinta en Castilla-La Mancha.