Castillo, sobre Apovata: «Haremos lo que nos digan los servicios jurídicos»

Leticia G. Colao
-

El concejal de Economía asegura que los servicios jurídicos y de gestión tributaria trabajan desde hace tiempo en resolver este problema que afectará a los propietarios y el pago del IBI

El Ayuntamiento espera la resolución del informe que están elaborando los servicios jurídicos para pronunciarse sobre la nueva Ley del Catastro. - Foto: Peña


Los servicios jurídicos y de gestión tributaria del Ayuntamiento trabajan desde hace días en la elaboración de un informe que establezca cuál será la actuación del Consistorio en el pago del IBI para aquellos terrenos considerados urbanizables sin ningún tipo de desarrollo urbanístico. El Consistorio se encuentra en esta tesitura después de la aprobación, el pasado 24 de junio, de una nueva Ley, la 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria, que dará un nuevo valor a este tipo de terrenos considerándolos rústicos y aplicando sobre ellos además una bonificación del 40 por ciento. Aparte de esto, desde la Asociación de Afectados por la Ponencia de Valores de Talavera, Apovata, esperan que el Ayuntamiento aplique sobre ello el 90 por ciento acordado el pasado verano para este impuesto durante el presente 2015.
Preguntado al respecto, el concejal de Economía y Hacienda, Arturo Castillo, asegura entender la postura de los afectados pero se muestra seguro de que el Ayuntamiento «va a cumplir la ley» y llevarán a cabo las bonificaciones que establezca el informe que ya se está redactando desde los servicios municipales. En este estudio, quedará claro lo que prevalece -si la modificación de esta ley nacional o el acuerdo previo entre ambas partes, o si por el contrario se pueden aplicar ambas como solicitan desde Apovata, es decir, cumplir la nueva legislación y aplicar el 40 por ciento sobre la nueva valoración y a esto, asignar posteriormente la bonificación del 90 por ciento-.
Lo que tiene claro Castillo es que la administración local cumplirá el acuerdo si así lo establecen los servicios jurídicos y siempre que lo permita la nueva ley del Catastro. En este sentido, y preguntado por el cuarto punto del acuerdo entre el Ayuntamiento y Apovata donde se aseguraba que prevalecerá dicho pacto de julio de 2014 siempre que si hubiera una nueva ley, ésta fuera posterior al devengo del impuesto, el concejal insistió en que esperarán a conocer el resultado del informe y tras ello actuarán en consecuencia. «Si dicen que prevalece el devengo del impuesto, así lo haremos», añadió.

Lo más beneficioso. Castillo se preguntó además qué será más beneficioso para estos propietarios, ya que la actual Ley, explicó, realizará una nueva valoración de estos terrenos pero los devolverá a la categoría de rústicos, a los que posteriormente aplicará el 40 por ciento de descuento; mientras, indicó, el Ayuntamiento acordó una bonificación del 90 pero sobre su valor en suelo urbano, es decir, más caro. En este sentido, el responsable municipal les aconsejó   que esperaran a la nueva valoración porque puede que ésta les sea más rentable económicamente.
Castillo recordó además que esta nueva legislación aprobada el pasado mes de junio responde a la sentencia del Tribunal Supremo del 30 de mayo de 2014, también conocida como Sentencia de Badajoz. En ella, se establece que deben tributar como rústicos aquellos terrenos que, aunque recogidos en el planeamiento de cada municipio como urbanizables, no cuenten con ningún tipo de desarrollo urbanístico. «Esta nueva norma ha sido por ello, es lo que ellos querían», explica el edil.

Apovata. No lo entienden así desde el colectivo de propietarios afectados. Según explicó recientemente su presidente a este diario,  la aprobación de la Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria, «da la impresión de que bordea, ningunea y rectifica  la Sentencia del Tribunal Supremo del 30/05/2014, dado que a los terrenos clasificados como urbanizables, no se les aplicará el valor de rústicos a efectos del IBI, sino que se les dará un nuevo valor, hecho que nos tememos sea especialmente gravoso para nosotros».
Víctor Jiménez considera por ello que el Ayuntamiento debería hacer frente al acuerdo al que llegaron el pasado verano después de la conocida como Sentencia de Badajoz que daba a la razón a los afectados por este tipo de terrenos y sus peticiones.