El 77% de los extranjeros residentes, en edad de trabajar

Alvaro de la Paz
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El 77% de los extranjeros residentes, en edad de trabajar - Foto: Yolanda Lancha

En Toledo viven unas 65.000 personas con nacionalidades diferentes a la española siendo la comunidad rumana la más numerosa. Apenas dos millares de extranjeros tienen más de 65 años

La estadística del padrón continuo, con datos provisionales a 1 de enero de 2019, sitúa la población de la provincia en 694.395 personas. El dato consolida el atractivo residencial de Toledo y su  creciente interés. Según las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal del año anterior, en este territorio permanecían inscritas 687.391 habitantes. En apenas doce meses, los censos toledanos habrían crecido en más de 7.000 ciudadanos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) certificará este aumento de forma definitiva en el inicio del año próximo.
El desglose entre la población española y la de origen foráneo evidencia la mayor juventud de los colectivos que nacieron lejos de las fronteras nacionales. La edad media de los extranjeros es notablemente más baja que la local: mientras que los españoles que residen en la provincia tienen  43,10 años de media, los extranjeros que habitan en el territorio toledano se sitúan, con 33,18 años, casi un decenio por debajo.
Asimismo, la proporción de habitantes que se ubican en la franja de edad en la que se puede desarrollar la vida laboral es significativamente mayor entre los extranjeros. Alrededor de 400.000 españoles residentes en Toledo, un 63,4% del total de habitantes de este grupo mayoritario, celebran entre 16 y 64 años, la franja de edad en la que se encuentra la denominada población activa. Dentro de los ciudadanos de procedencia exterior, este porcentaje escala hasta el 77,2% con más de 50.000 residentes preparados para desempeñar un puesto de trabajo. La diferencia entre ambos grupos, de casi 14 puntos porcentuales, muestra que las razones de desarrollo vital siguen siendo prioritarias para los llegados de terceros países. Sólo 2.002 de los extranjeros que viven en la provincia tienen más de 65 años.
La comunidad rumana es la más numerosa entre los extranjeros que residen en la provincia. Un total de 21.287 habitantes proceden de este país de Europa del este. Entre los rumanos que viven en Toledo se repite el patrón de juventud que se observa en una buena parte de las nacionalidades con representación en los censos municipales: casi 12.000 de ellos tienen entre 16 y 44 años. La segunda colonia con más representación procede de Marruecos. Del vecino de la orilla sur del estrecho de Gibraltar han llegado 14.527 personas a la provincia, más de 7.500 de ellas con edades comprendidas entre los 16 y los 44 años. En el caso del país norteafricano destaca la desigualdad por sexo que se registra: los censos muestran que hay 8.029 hombres con nacionalidad marroquí por solo 6.498 mujeres, en torno a millar y medio menos. La región iberoamericana también aporta un nutrido grupo de moradores. Colombia es el principal país de origen entre los de América del Sur, con 3.614 personas en Toledo.
La llegada de población inmigrante crece respecto a los dos años anteriores, circunstancia que apunta hacia la recuperación del mercado laboral y más oportunidades para encontrar trabajo. El padrón continuo contabilizó 59.626 extranjeros residiendo en la provincia en sus estadísticas de 2017 y 60.472 en las que publicó el año pasado. El despegue en este lapso de tiempo no alcanza las cotas alcanzadas entre los últimos años de la década pasada y los primeros de la actual. La mayor bolsa de foráneos censados en las 204 localidades de la provincia se alcanzó en 2012, con 86.704 empadronados procedentes del exterior.
La reducción de estos colectivos se mantuvo hasta 2017 cuando volvió a repuntar. Sin embargo, su peso dentro del total de la población toledana ha caído desde aquellos máximos: si en 2012, los extranjeros suponían un 12,19% de los habitantes en la provincia (que eran más de 711.000), siete años después alcanzan el 9,36%, casi tres puntos menos. La permanencia de inmigrantes dentro del sistema de la Seguridad Social favorece la capacidad recaudatoria de las administraciones pública y el posterior reparto de las rentas generadas por su trabajo en favor de los pilares del bienestar, como sanidad, educación y pensiones.