El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto para crear el Observatorio de Precios de la Cadena Agroalimentaria. Lo hizo en la reunión de esta mañana y el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, salió a explicar la finalidad que tendrá este organismo al que comparó como una «especie de lonja de lonjas» para el sector agrario. Recordó que la Administración no puede intervenir en el mercado a la hora de la negociación de los precios, pero cree que la labor de este Observatorio sí tendrá incidencia para ayudar sobre todo a los agricultores y ganaderos que menos cobran por lo que producen.

Antes incluso de que vea la luz el Observatorio, ya hay un estudio encargado para calcular el coste de producir un litro de leche de oveja, de cabra y de vaca. Arroyo precisó que ha sido un encargo a la Universidad de Castilla-La Mancha y prevé que para octubre tendrán los resultados. «A partir de ahí se tiene que generar el precio en el siguiente eslabón de la cadena y tiene que haber rentabilidad para todos», recordó. Arroyo insistió en que el «precio tiene que estar por encima del coste de producción». En caso de que haya incumplimientos de este tipo señala que se pueden llevar a la Agencia estatal de Información y Control Alimentarios.

El consejero adelantó que ya se han comprometido con el vacuno de carne para que sea objeto de estudio de este Observatorio de Precios, tal y como lo abordó con la asociación Asoprovac. «Nos dirigiremos a los sectores que más dificultades presentan en cada momento», expuso. 

La iniciativa nació en la cuarentena. Arroyo explicó que es la primera vez en Castilla-La Mancha que se crea un organismo de estas características y admitió que la iniciativa surgió en la «cuarentena» del coronavirus, como reacción al problema que tenían los ganaderos de ovino y caprino. «Venimos trabajando desde hace tiempo», confesó, con la idea de extenderlo al resto de sectores que lo necesiten. Se mostró convencido de que  «solo por el hecho de existir, el Observatorio va a servir para dar estabilidad». 

«Va a aportar la transparencia necesaria que requieren las negociaciones entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria», abundó Arroyo. Precisó que en ese Observatorio de Precios participará la Administración pública, en el ámbito de la Competencia y del Consumo, el sector agroalimentario, las organizaciones agrarias, cooperativas y las lonjas activas en la región. Aprovechó para destacar el «mérito que tienen en la generación de esa transparencia». 

Arroyo señaló que en materia de precios, hay una normativa de obligado cumplimiento, que sobre todo suele recordar cada vez que se acerca la época de la vendimia, cuando agricultores y bodegas «tienen que llegar a un acuerdo». Entre esas condiciones obligatorias, se exige que queden fijadas en un contrato y unos límites de pago.