No satisfacer los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para la ejecución de una sentencia en la que se condenaba al Ayuntamiento de Gerindote a abonar 520.139 euros a los propietarios de unos terrenos que fueron expropiados ha llevado al que fuera alcalde de esta localidad, Julián Morales, a enfrentarse a un juicio en el que se le acusa de un delito de desobediencia y de otro de denegación de auxilio a la Administración de Justicia. El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Torrijos dictó el pasado 13 de febrero un auto por el que se  decreta la apertura de juicio oral.

La acusación particular integrada por la actual alcaldesa de Gerindote, Ana María Palomo, las portavoces Cristina Navarro, Noelia Aurora Pérez  y el teniente de alcalde Diego Pérez considera que el exalcalde del PP mantuvo en todo momento una «actitud obstruccionista» para no ejecutar una resolución firme del TSJ, pese a que el alto tribunal de la región llegó a «apercibirle expresamente de que en caso de no  cumplir con la sentencia podría deducirse testimonio para exigir responsabilidad penal». Hasta tal punto llegó la situación, que el Tribunal Superior de Justicia decidió sustituir a la Corporación mediante el nombramiento de secretario interventor designado por la Diputación de Toledo, para efectuar el pago.  En este asunto,  el Ministerio Fiscal ha presentado escrito de conclusiones absolutorias interesando la absolución del acusado, por no considerar que los hechos no son constitutivos de infracción penal.

tipificación penal. Por cada uno de los delitos de los que se le acusa, Julián Morales  se enfrenta  a doce meses de multa con una cuota diaria de 12 euros y legalmente la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas no satisfechas,  así como a inhabilitación para el ejercicio de cargos y empleos públicos por dos años y a la suspensión de empleo y/o cargo público por dos años, respectivamente.

Este procedimiento judicial deriva de la expropiación de unos terrenos para una superficie deportiva.

En 2006, un acuerdo del Jurado Regional de Valoraciones  cifraba el justiprecio de los 11.299,6 m2 afectados en 136.921,73 euros. Sin embargo, los propietarios apuntaban que no se les dio traslado un documento obligatorio para cumplir la expropiación forzosa.

De este modo, y tras un proceso judicial, en 2010 el  Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha decidía anular el acuerdo del Jurado Regional de Valoraciones de 2006 y fijar el importe de la indemnización en 520.139,55 euros, a lo que se añadirá los intereses legales desde el inicio del expediente de justiprecio.

Más tarde, en 2014, el TSJ  dictaba que el secretario del Ayuntamiento de Gerindote tenía un plazo de un mes para hacer una modificación presupuestaria para satisfacer esta indemnización que no se realizó por lo que el TSJtuvo que pedir  el auxilio de la Diputación Provincial que en 2015 designaba al secretario-interventor del Servicio de Asistencia a Municipios Santiago López para que colaborase con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en este procedimiento de ejecución definitiva de una expropiación forzosa.

Este era el primer caso de designación de un secretario-interventor de la Diputación para intervenir las cuentas de un Ayuntamiento (tenía mano libre en el manejo del presupuesto municipal, y su figura estaba por encima de la del alcalde y el Pleno) con el propósito de obtener una partida presupuestaria para el cumplimiento de una sentencia.  Tras su nombramiento, la indemnización fijada en la sentencia fua abonada por el Ayuntamineto de Gerindote a los expropiados