Uno de cada trece kilómetros de la red de carreteras española presenta deterioros relevantes en más del 50% de la superficie del pavimento, acumulando baches, roderas y grietas longitudinales y transversales. Los datos pertenecen al último informe sobre ‘Necesidades de Inversión en Conservación’ desarrollado por la Asociación Española de la Carretera (AEC), que calcula que el déficit de mantenimiento que acumulan las carreteras a cargo del Estado y las gestionadas por las comunidades autónomas, asciende a 7.054 millones de euros,  de los cuales 2.211 millones se corresponden a la Red General del Estado.

El incremento del gasto social y las restricciones presupuestarias actuales -agravadas por la prórroga de los presupuestos- está provocando que el Ministerio de Fomento siga dando vueltas a un modelo que garantice el mantenimiento de la extensa red de autovías. El titular de la cartera, José Luis Ábalos, reconocía la pasada legislatura en el Senado que «no hay capacidad presupuestaria» suficiente para mantener los 20.000 kilómetros de autovías y autopistas del país y que, por tanto, «hay que plantearse» cómo se costea dicho mantenimiento. La intención entonces crear una subcomisión en el Congreso para estudiar la implantación de una tasa por uso con el fin obtener los 11.000 millones euros que cada año se destinan en los presupuestos para la construcción y mantenimiento de las vías de gran capacidad.

Pasados ya seis meses, Ábalos volvió a reiterar la pasada semana que uno de los retos del nuevo gobierno será abordar la financiación de la red de carreteras de alta capacidad con dos criterios vigentes en otro tipo de infraestructuras: «el que contamina, paga y el pago por uso».

Por tanto, la idea del pago por uso, aunque aún por concretar, vuelve a cobrar fuerza, aunque la tasa no sería tan elevada como la que se paga en  la actualidad en las autopistas de peaje porque con el dinero que se recaude iría sólo a mantenimiento y no a sufragar su coste.

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) encargó el año pasado un informe a la consultora A.T. Kearney titulado ‘Hacia un modelo social y sostenible de infraestructuras viarias en España’ en el que se recomienda claramente implantar un modelo de tarificación en toda la red viaria de gran capacidad.

La patronal de las grandes constructoras considera que para los próximos 25 años, las autopistas y autovías del país podrían contar con un peaje de entre uno y tres céntimos por kilómetro para vehículos ligeros, y de cinco a catorce para los pesados. El informe señala que estos precios están por debajo de la media que se cobra en la mayoría de países europeos.

Toledo, según los últimos datos del Anuario del Ministerio de Fomento referidos a 2016, es la provincia de la comunidad autónoma con más kilómetros de autovía libres de pago.  Concretamente cuenta con 525 kilómetros  de un total de 3.918 kilómetros de carreteras. Es decir, el 13,4% de la red viaria. Además Toledo cuenta con 140 kilómetros de autopistas en donde ya es obligatorio el pago. Ciudad Real y Albacete son las provincias de la región que no están atravesadas por autopistas.

Al mismo tiempo que se eliminan los peajes en autopistas cuya concesión vence, como ha sido el caso en diciembre del tramo Burgos-Armiñón de la AP-1, el Gobierno pretende avanzar en el pago por uso de las autovías, ya que como asegura el propio José Luis Ábalos el pago sería «más uniforme en todo el país, ya que ahora los peajes afectan a unos territorios más que a otros».

En el caso de Toledo, si finalmente se implantara el pago por uso afectaría de lleno a carreteras como la A-42 que une Toledo con Madrid y que soporta intensidades medias diarias de 40.871 vehículos, de los 37.459 son ligeros y el resto (3.412) pesados.

Con la propuesta de Seopan, los conductores toledanos se verían obligados a abonar entre 73 céntimos y algo más de dos euros, 2,19 en concreto, para el costear el trayecto de 73 kilómetros que separa la capital regional de Madrid, mientras que los camioneros tendrían que abonar desde 3,65 euros a 10,22, si se multiplica el kilómetro recorrido por la propuesta más económica de Seopan o se opta por la opción más cara para el bolsillo del conductor. Si el destino es Talavera y el punto de origen Toledo, el coste podría oscilar entre los 81 céntimos y los 2,43 euros para  los vehículo ligero y entre los 4,05 y los 11,34 euros en el caso de los camioneros.

El viaje hasta Albacete no sería barato. Aplicando el precio más ventajoso de los que se manejan en la horquilla habría que desembolsar 2,5 euros por viaje o 12,5 euros los camiones. En el caso de aplicar la parte alta de la tabla, la tasa se dispararía hasta los 7,5 euros para el caso de los vehículos ligeros y llegaría a los 35 euros en el caso de los pesados.

 Los desplazamientos al resto de capitales de provincia de la región tampoco estaría libre de pago a no ser que se utilizaran carreteras secundarias. Para llegar a Cuenca, la tasa oscilaría para los turismos entre 1,27 y 3,81 euros; el coste de viajar hasta Guadalajara comportaría un desembolso de entre 1,31 y 3,93 euros  y hacerlo a Ciudad Real entre 1,33 y 3,98 euros.