La Junta pide más fondos sociales de la casilla del IRPF

Raquel Santamarta
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La consejera de Bienestar Social considera que la región es «una de las perjudicadas en el mapa nacional con la actual distribución de créditos»

La consejera de Bienestar Social saluda a la ministra del ramo, María Luisa Carcedo. - Foto: Juan Lázaro

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, pide una ampliación para la región en el reparto de los fondos recaudados a través de la casilla del 0,7 por ciento del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF)  para proyectos de inclusión social. Unas subvenciones que son «clave» para una región que, en sus propias palabras, «es una de las perjudicadas en el mapa nacional con la actual distribución de créditos». Cabe recordar que en la última convocatoria se incrementaron en un 8,45 por ciento, hasta sumar 10,5 millones de euros. «Las asociaciones del tercer sector necesitan estar tranquilas», añadió invitando al Gobierno de Pedro Sánchez a agilizar los trámites para poder dar salida a esas ayudas.
«Queremos la garantía de que tenemos la posibilidad de crecer», señaló este miércoles con la esperanza depositada en un Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia en el que la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, manifestó que, por el momento, no hay una cuantía definitiva y se trabaja con «unos 200 millones de euros» correspondientes al ejercicio anterior. Una cantidad que tendría que ser ajustada «cuando termine la liquidación para proceder a un reparto definitivo que en estos momentos no estamos en condiciones de realizar de forma objetiva», según aclaró.
El modelo para conceder subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF reparte un tramo estatal del 20 por ciento y un tramo autonómico del 80 por ciento, después de que el Tribunal Constitucional diera la razón a la Generalitat de Cataluña por invasión de competencias, lo que obligó al Ejecutivo a diseñar un nuevo modelo de reparto.
Lucha contra la pobreza. Por otro lado, Carcedo informó a las comunidades autónomas sobre la nueva Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023. Una hoja de ruta que, en palabras de Sánchez, «debe hacernos pensar en esa gente que todavía lo está pasando realmente mal».
«Los gobiernos debemos trabajar poniendo presupuesto, energía y voluntad para acortar esa brecha»,  incidió la consejera, remarcando que «tras dos años de rodaje, la Estrategia contra la Desigualdad Social de Castilla-La Mancha ha mejorado los indicadores relacionados con la pobreza severa y la pobreza infantil».
Asimismo, la ministra les trasladó el borrador de un Plan Nacional de Alzhéimer 2019-2022 que persigue dar respuesta a una patología que sufren cerca de 600.000 familias en España y que se lleva los recuerdos de sus seres queridos poco a poco. En la medida en que se van muriendo sus neuronas.
Protección a la infancia. De igual modo, Carcedo les presentó la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020, elaborada de la mano del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y abordó una Ley para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia que, según lamentó, «no podrá salir adelante en esta legislatura por la disolución de las Cortes». No obstante, recordó que se trata de «una urgencia» esperando que «vea la luz» muy pronto.
El anteproyecto preveía aumentar el plazo de prescripción de los abusos sexuales contra menores, para que este empezara a contar a partir de que la víctima cumpliera 30 años, a pesar de que distintas asociaciones reclamaban elevar esa edad a los 50. «Hay que combinar la necesidad de dar tiempo a las víctimas para asumir y actuar ante esos abusos con las garantías del ordenamiento jurídico español y el Código Penal», según argumentó la ministra Carcedo.