El Ayuntamiento de Toledo no devolverá a Acuaes, la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, la inversión completa realizada para la obra de conexión desde el depósito de Palomarejos a Santa Bárbara y el Polígono, lo que se conoce como abastecimiento de Picadas. Una actuación de principios de siglo. Así queda reflejado en un acuerdo de la Junta de Gobierno Local del pasado 15 de enero. El conflicto se produce porque Acuaes pide la devolución también de los fondos propios aportados para la actuación, un 10 por ciento del total, mientras que el Ayuntamiento se niega.

Con esta negativa responde a la propuesta de la sociedad estatal de ampliar el convenio de colaboración y explotación de la infraestructura firmado entre ambas partes firmado en 2002 y ratificado en 2004 para 15 años. Ahora que expira esa fecha toca renovarlo o modificarlo y ambas partes ven las cosas de manera muy distinta.

El Consistorio toledano no toma la decisión de manera arbitraria. Argumenta que ya ha devuelto a la sociedad estatal el crédito que se suscribió para financiar la parte municipal de la obra, el 25 por ciento de una actuación que costó 4,6 millones de euros. Pero se niega a abonar el 10 por ciento de fondos propios que aportó Acuaes, aunque asegura que ya ha pagado una parte de esta cantidad. Subraya que la recuperación de estos fondos propios no aparece reflejada en el convenio firmado entre ambas partes en 2002 y 2004 para los siguientes 15 años.

Una vez vencido este plazo, y toda vez que el convenio no refleja, dice el documento, el destino de las obras de conexión, el Ayuntamiento plantea tres alternativas a la entidad pública: la cesión a la administración local de la propiedad de la infraestructura, el arrendamiento con un canon que incluya el mantenimiento de la misma o abre la puerta a exigir compensaciones por estar la tubería en terreno municipal.

El Ayuntamiento actúa a propuesta de la Secretaría General del Gobierno que en un informe jurídico detallado responde a la propuesta de Acuaes, quien a la vista de que vencía el convenio suscrito entre ambas partes, planteó al Ayuntamiento una ampliación del documento para continuar con la explotación de la obra hidráulica reclamando la devolución de los fondos propios aportados por la sociedad estatal, y sus intereses, para la construcción de la infraestructura, algo que no aparecía reflejado en los documentos anteriores, un total de tres, el primero de 2002, firmados entre ambas partes.

El Consistorio capitalino recuerda que la obra costó casi 4,7 millones de euros incluyendo los gastos de redacción del proyecto, las expropiaciones necesarias y la dirección de obras, aunque sin incluir el IVA.

Y hace referencia al reparto de cargas para financiar la inversión fijadas en el acuerdo inicial de la siguiente manera: El 65 por ciento de la ejecución correría a cargo de los fondos europeos, anticipándolo Acuaes (Aguas de la Cuenca del Tajo (ACT) en ese momento), el 10 por ciento por aportación de Acuaes con fondos propios y el 25 por ciento restante por el Ayuntamiento, aunque Acuaes anticipa el dinero.

Finalmente, los fondos de la UE sirvieron para pagar casi el 55 por ciento de los casi 4,7 millones, un total de 2,5 millones, la sociedad estatal el 22 por ciento, algo más de un millón de euros (no recuperable) y el Ayuntamiento y el algo más del 23 por ciento, en total 1,1 millones que adelantó Acuaes con crédito que, recalca el informe municipal, está amortizado a fecha actual con sus intereses, en total casi 1,6 millones.

El documento indica que también se ha anticipado «de forma parcial» la recuperación de los fondos propios de la actuación. En total fueron 1,28 millones de los que se han recuperado 321.310 euros y quedan pendientes 961.401, dice el Consistorio.

Al margen de esto, el informe municipal indica que el convenio de 2002 y 2004 estable de una fórmula de financiación tripartita sin reflejar la recuperación de la parte específica de Acuaes mientras que  el añadido que pretende incorporar la entidad al convenio sí prevé la recuperación de esos fondos.

El Ayuntamiento afea a la empresa que pretenda, con su adenda, «alterar el objeto del contrato y sus condiciones financieras» para «dejar sin contenido» el convenio inicial recuperando los fondos propios de una actuación que ahora redenomina.

El informe de la Secretaría General del Gobierno indica, además, que esto supondría una «alteración unilateral de las condiciones del convenio en claro perjuicio del Ayuntamiento», motivo por el que denuncia que «esta forma de proceder conculca claramente los principios» de «buena fe, lealtad institucional, cooperación y respeto a las respectivas competencias» bajo el que se firmó el acuerdo inicial en 2002.