El futuro de cuatro leyes está ahora en manos de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha. Este órgano, donde están sentados los tres grupos parlamentarios (PP, PSOE yPodemos), que tienen un número de representantes y de votos proporcional al de escaños conseguidos en las urnas, es el que decide qué es lo que se tramita en comisión o en pleno y cuándo.
Son las leyes de Evaluación Ambiental, la de creación del Consejo de Formación Profesional (FP), la del Estatuto de las Personas Consumidoras y la de Academias. Todas han entrado por la puerta del Parlamento regional y ahora la Mesa debe decidir si continuar con su tramitación parlamentaria, algo que no está tan claro desde el conflicto surgido en torno a la Ley de Garantías Ciudadanas y su paralización por parte del Gobierno.
Hoy, viernes, se reúne la Mesa de las Cortes y entre los puntos a tratar estará, sin duda, qué recorrido se da a estas cuatro normas, principalmente la del Consejo de Formación Profesional, ya calificada y solo pendiente de convocar el pleno para su aprobación.
Lo que está claro es que Emiliano García-Page no quiere poner en manos del Partido Popular (con mayoría de diputados) las leyes que aún quedan por tramitar en esta legislatura. El Partido Socialista necesita los dos votos de Podemos para sacar adelante sus iniciativas parlamentarias, pero la actitud del portavoz de la formación morada, David Llorente, expedientado por su partido tras saltarse ya dos votaciones, ha complicado la recta final del mandato de García-Page.
La Mesa, por tanto, puede pisar el freno y paralizar la actividad parlamentaria, si suman PSOE y Podemos sus votos; o, por el contrario, calificar como hasta ahora las leyes que entraban en las Cortes y confiar en que la formación morada no rompa la disciplina de voto.
Eso sí, aunque las leyes lleguen a pleno, el Gobierno tiene guardado un ‘as’. El artículo 150 del reglamento de las Cortes recoge que el Ejecutivo «podrá retirar un proyecto de ley en cualquier momento de su tramitación anterior a la votación final».