El Ayuntamiento de Talavera está trabajando con el Colegio de Abogados de la ciudad para elaborar la bolsa de letrados y procuradores que podrán asistir jurídicamente al Consistorio, siguiendo unos criterios y una experiencia profesional en las diferentes especialidades, contenciosos administrativos, laborales, penales o civiles. La portavoz del equipo de Gobierno, Flora Bellón, respondió así a una pregunta planteada por el Grupo Municipal de Ciudadanos en el último Pleno, donde aseguró que la anterior lista de abogados estaba realizada «sin ningún criterio».
Bellón anunció que el pasado mes de agosto se reunieron con la decana del Ilustre Colegio de Abogados (ICA) de Talavera, Marga Cerro, «con la necesidad de elaborar unos criterios objetivos basados en mérito y capacidad». Tras ello, desde la institución se han remitido una serie de características o condiciones a tener en cuenta y que aún deben consensuarse, entre ellos un mínimo de 10 años de ejercicio profesional, estar dado de alta o no en el turno de oficio o que se aporten un número de sentencias en determinadas materias que posteriormente el Colegio de Abogados deberá acreditar.
Tras ello, se creará una comisión que estudiará los diferentes perfiles presentados y se designará el abogado o procurar más idóneo para cada caso jurídico en el que esté inmerso el Ayuntamiento, dijo.
Con esto, se terminará con una práctica de las dos anteriores legislaturas «cuando existía una supuesta lista de letrados elaborada por un antiguo concejal de Acción Jurídica del PP, a su criterio» y donde no se tenían en cuenta los principios de eficacia y eficiencia. Bellón explicó que por contratar sin ningún tipo de mérito y capacidad, «se han asignado a profesionales de los que yo no dudo de la capacidad pero no competentes en la materia. Así, recordó que ha habido temas de enjundia para el Ayuntamiento, como asuntos laborales, «que nos van a costar un dinero porque quizá se han asignado a profesionales que eran especialistas en derecho de familia».
Así, la portavoz del equipo de Gobierno defendió que se dará una vuelta «seria» a este tema para que la contratación de servicios jurídicos «sea más transparente y competitiva».