"Ahora mismo okupando y se quedan porque no se puede hacer nada, según la Guardia Civil. Estamos vendidos", decía el mensaje publicado el pasado día 30 de julio por el Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa que detallaba la calle y el número del inmueble. De esta manera, el Consistorio evidenciaba la impotencia por el incremento de esta ilegalidad en un municipio de La Sagra con 50 casas afectadas. Así lo explicaba a este diario la alcaldesa, Ana Gómez, quien subraya que los casos se han disparado desde la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo.

"Esta gente sabe muy bien lo que hace. Tenemos las manos atadas", apunta la alcaldesa sobre el proceder de los ocupas, que esquiva las leyes españolas. En el caso mencionado, se trataba de una mudanza en una casa que había sido ocupada anteriormente. Así, el Ayuntamiento fue testigo de un relevo de inquilinos en una vivienda perteneciente a un banco.

Por primera vez, el Ayuntamiento informaba inmediatamente de una ocupación. El crecimiento de esta ilegalidad en los últimos meses ha desencadenado una mayor inseguiridad ciudadana, defiende la alcaldesa, quien señala que los ocupantes pertenecen a clanes familiares.

"No saben comportarse. Hacen fiestas a deshoras", lamenta la alcaldesa de un municipio que pertenece a la comarca más castigada de la provincia y de Castilla-La Mancha, junto con el Corredor del Henares, en Guadalajara.

Más de 800 viviendas están ocupadas ahora mismo en los municipios de la comarca de La Sagra. El delegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca, apeló el pasado 22 de julio a los bancos, fondos de inversión y empresas inmobiliarias para que denuncien judicialmente las ocupaciones ilegales como propietarios de la mayoría de las viviendas afectadas, tal y como hacen las administraciones públicas. Las declaraciones obedecían a una reunión con los alcaldes de las comarcas afectadas.