Con la llegada de 2019 entró en vigor el nuevo bono social de la luz, una fórmula que permite a los colectivos con menos recursos económicos afrontar la factura de la luz con notables descuentos respecto a la tarifa estándar. Esta herramienta se aplica únicamente al domicilio habitual, con potencia contratada inferior a 10 kW y sólo es compatible con la tarifa regulada de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). En la provincia de Toledo, un total de 7.060 hogares se han adherido a esta medida. La cuantía total de beneficiarios es inferior a la registrada bajo la anterior normativa. Aquella disposición favoreció a 13.124 viviendas. Tras el cambio, más de 6.000 toledanos han perdido su bono social eléctrico.

Según los datos ofrecidos por la compañía Naturgy, un total de 26.710 usuarios de la región se han acogido al nuevo bono social, lo que supone un descenso del 57% respecto a la vía precedente. El descenso, en términos absolutos, alcanza a 36.271 beneficiarios menos.

La implantación de la nueva normativa exigía la renovación por parte de los interesados. Ante el reducido número de tramitaciones del nuevo bono social, se amplió en varias ocasiones el plazo para su renovación, fijándolo de forma definitiva en el 31 de diciembre de 2018. Los requisitos para solicitar el nuevo bono pasan por tener contratado el PVPC en la vivienda y cumplir con los requisitos personales, familiares y de renta fijados por la ley.

El nuevo bono social se adapta al criterio de la renta, incluye a todas las familias numerosas y deja fuera a todos aquellos que se beneficiaban del anterior por tener contratadas en sus viviendas potencias de 3 kW o inferiores. Además, establece tres categorías de ahorro: un 25% de descuento para consumidores vulnerables; un 40% para consumidores vulnerables severos y un 50% si, además, se trata de un consumidor en riesgo de exclusión social y recibe atenciones de los servicios sociales de una administración pública.

Para solicitar su aplicación a las compañías eléctricas, los consumidores tenían que facilitar la documentación solicitada, que incluye el libro de familia, el DNI de sus miembros mayores de 14 años, el certificado de empadronamiento en la vivienda, el título de familia numerosa, si fuera el caso, la declaración de la Seguridad Social sobre existencia de beneficiarios cobrando la pensión mínima, el certificado de discapacidad reconocida igual o superior al 33% o el certificado de los servicios sociales en caso de que existan víctimas del terrorismo o violencia de género.

Dentro del territorio de Castilla-La Mancha, la provincia de Ciudad Real es la que mayor número de solicitantes ha registrado, con 16.079 hogares, mientras que en segunda posición se encuentra Toledo, con 7.060 beneficiarios del nuevo bono social. A mayor distancia se encuentran las provincias de Guadalajara, con 1.772 beneficiarios del nuevo bono social; Cuenca, con 1.468 y Albacete, con apenas 331 usuarios que se beneficiarán de los importantes descuentos que incluye el bono social. 

El nuevo bono social tiene como objetivo llegar a los colectivos con menos recursos económicos, aunque la necesidad de renovar expresamente este bono y la documentación requerida, han podido dejar al margen a centenares de potenciales beneficiarios.