La ronda de contactos para reformar el Estatuto de Autonomía arranca hoy con muy buenas intenciones, pero con la primera barrera ya sobre la mesa: el documento base sobre el que se quiere asentar esta negociación. Y es que Ciudadanos no quiere oír hablar de tomar como referencia el texto elaborado en 2007 por el entonces presidente regional José María Barreda, excesivamente regionalista para los ‘naranjas’. No hay que olvidar que este proyecto, polémico desde sus inicios, naufragó finalmente en 2010 en el Congreso de los Diputados, al no contar con apoyos suficientes para salir adelante.

Como apunta el diputado por Ciudadanos David Muñoz, «no queremos un Estatuto a la catalana» y, a su juicio, el texto presentado en 2007 peca de ser una mera «bandera de reivindicaciones regionales». Cabe recordar aquí que, entre otras cosas, este proyecto defendía el fin del trasvase Tajo-Segura e incluía la llamada ‘cláusula Camps’, por la que se reclamaba una equiperación automática de las competencias si otra región lograba un mayor nivel de autongobierno en futuras reformas estatutarias.

«No se trata de asumir más y más competencias que luego no se pueden sufragar porque no hay dinero suficiente, queremos que Castilla- La Mancha tenga las competencias que tenga que tener y que las pueda prestar eficiente y eficazmente», insiste Muñoz. A su juicio, la mejor forma de blindar derechos en el Estatuto de Autonomía «es hacer que el gasto sea eficiente, y con competencias que sean útiles para los castellano-manchegos y se puedan pagar».

Así que, de momento, desde Ciudadanos no se está por la labor de apoyar la transferencia de las competencias en Justicia, tal y como se prevé en el texto elaborado en tiempos de Barreda.

Tampoco le gusta a Ciudadanos el concepto de «región meramente asistencial» que destila del proyecto aprobado 2007. «Queremos un Estatuto útil para los ciudadanos» y «una región productiva, que sea capaz de dinamizar la economía, de generar empleo por sí sola, una región que sus sectores económicos y productivos no dependan de subvenciones si no que sean capaces de generar oportunidades para los habitantes de Castilla-La Mancha».

En este sentido, advierte de que «es preocupante» que el documento que está sobre la mesa no mencione a la iniciativa privada como principal generadora de empleo. «Son las empresas de esta región las que tienen que generar empleo, no los ayuntamientos y por eso creemos que el Estatuto de Autonomía tiene que garantizar esa iniciativa privada como la principal fuente de oportunidades de empleo y de riqueza y con esta base nos gustaría que se creara la arquitectura del Estatuto de Autonomía», insiste Muñoz.

Y entre lo que sí quiere introducir Ciudadanos estaría el derecho al acceso universal a internet. Como defiende su diputado por Toledo, «los castellano-manchegos dependiendo de donde vivan tienen acceso a internet, pero otros no, y eso choca con el principio de igualdad que esta garantizado en la Constitución y que debe salvaguardar el futuro Estatuto de Autonomía».

Sin olvidar la necesidad de incluir medidas de «regeneración democrática» como la eliminación de los aforamientos, una de las demandas ‘históricas’ de la formación naranja, o la supresión vía Estatuto de los privilegios de los expresidentes. «Nos vamos a empeñar en que el Estatuto elimine la posibilidad de crear algo que nos debería avergonzar a todos los políticos de esta región que es el estatuto de expresidente Bono creado en 2003, y que posteriormente no eliminó ni Barreda, ni Cospedal, ni Page» y que, entre otras cosas, contempla el pago de un coche oficial y el mantenimiento de una oficina propia.

En esta misma línea, Ciudadanos también ha incluido en su carpeta para hoy la introducción en el Estatuto de «medidas de protección y confidencialidad para los denunciantes de irregularidades y de prácticas corruptas en la Administración Pública y en aquellas empresas públicas o privadas que tienen algún vínculo con la Administración». Algo que, en opinión de este grupo parlamentario, pondría a Castilla-La Mancha «en la senda que marca la Unión Europea que marcan instituciones, investigadores, académicos, y que marca el Ministerio Fiscal para evitar prácticas corruptas e irregularidades en la gestión del dinero de todos».

De momento, el PSOE no parece que se vaya a dar su brazo a torcer. El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, alma mater de esta iniciativa, ya ha dicho en más de una ocasión que el texto de Barreda es la base en la que quiere asentar esta reforma. Una afirmación que ha sido validada por el PSOE regional. Como apunta su diputado Antonio Sánchez Requena, este texto, que en su día tuvo el apoyo del PPde Cospedal, «es un buen punto de partida».

Sin olvidar que su objetivo principal es «blindar» la prestación de calidad de los servicios sociales, para evitar recortes como los producidos durante «la legislatura 2011-2015», según subraya.

En cuanto al PP, los de Paco Núñez prefieren mantener un perfil bajo de cara a estos primeros encuentros. Tras haber advertido ya  de que no pasaran por un aumento del número de diputados -Cospedal los dejó en 33 en 2014-, los ‘populares’ se enfrentar a esta propuesta de reforma con la «mano tendida» y con la intención de que salga adelante «por consenso», como explica la diputada Gema Guerrero.