El Consejo Consultivo regional recrimina en su dictamen del pasado 5 de junio que el titular de la Concejalía de Hacienda de Toledo  «adoptó impropiamente» en 2013 el acuerdo de desestimar la revisión de oficio planteada por 18 vecinos de la ciudad sobre la nulidad de varios recibos del IBI urbano.  Recalca que hay una sentencia que «censura» esa actitud «por no ajustarse a derecho».

Gracias a esa sentencia el sucesor tuvo que admitir el recurso de nulidad en 2018 e iniciar la revisión solicitada y por eso fue necesario pedir el dictamen al Consejo Consultivo.

El problema añadido es que el expediente que remite el Ayuntamiento de Toledo «presenta alguna reseñable carencia de contenido» debido a que faltan los «dos documentos» originales adjuntados en su recurso por los afectados, según se quejan desde el organismo implicado.