El secretario provincial de Comisiones Obreras, sindicato que llevó a los tribunales la mala utilización de los planes de empleo en el Ayuntamiento de Talavera, ha defendido hoy su actuación guiada por la «ausencia de negociación y diálogo» del Gobierno de Jaime Ramos, que «se negó a corregir» las irregularidades en varias ocasiones, por lo que pide su dimisión por «decencia política». José Luis Arroyo hizo una valoración de la providencia del Tribunal Supremo, aún sin auto definitivo, pero «que indica el camino que puede llevar el litigio con el Consistorio» otorgando casi con total seguridad la razón nuevamente a la organización sindical.
Arroyo destacó la actitud «prepotente y arrogante» del anterior Ejecutivo municipal, con una gestión «escandalosa e inadecuada» de los planes de empleo cuyos operarios sutituyeron en diferentes tareas al personal municipal. Y lo hicieron en servicios tan dispares como el de limpieza, administración, gestión tributaria o incluso en el área de Urbanismo y Arquitectura. Asimismo, no se aplicó el convenio colectivo, añade.
Desde el sindicato aseguran que se instó al entonces alcalde a cambiar estas «ilegalidades», incluso después de comprobar cómo estos trabajadores montaban y desmontaban escenarios o limpiaban los baños en las ferias de San Isidro 2017, trabajando en días festivos y en horario nocturno. «El Ayuntamiento no solo no lo corrigió sino que retó al sindicato en varias ocasiones a que si entendíamos que había alguna cuestión que estaba mal acudiéramos a los tribunales de justicia», dijo Arroyo. Ante este reto, «tuvimos que asistir y ahí tenemos dos sentencias en primera y segunda instancia y estamos a la espera del auto definitivo del Supremo, que parece irá en la misma dirección».
Así, y en previsión de una deuda que puede superar los 12 millones de euros ante la resolución de todos los planes de empleo judicializados, Arroyo explica que Ramos «está tardando en salir delPleno y de asumir su responsabilidad política ante esta vergüenza de vulneración clara de los derechos laborales».
No se olvida del actual portavoz del Grupo Municipal Popular, Santiago Serrano, a quien indica el mismo camino a la dimisión. Así, el secretario provincial de CCOOtacha de «tonterías» sus declaraciones en las que responsabiliza a la Junta argumentando que las bases de estos planes fueron elaboradas y aprobadas por el Gobierno regional del PSOE. Arroyo recuerda que son los ayuntamientos los responsables de su planteamiento y ejecución; lo que hay por parte de la administración autonómica, añadió, es una convocatoria a la que acuden los municipios, con sus requisitos; entre ellos cumplir la normativa laboral pero «no pueden decir que la responsabilidad es de la Junta, que no tiene ni las competencias».
A la espera del pronunciamiento definitivo del Supremo, las consecuencias «tendrán una relevancia económica considerable sobre arcas municipales», destacó Arroyo, quien no dudó en subrayar que ahora sí se están negociando estos planes de empleo con el Gobierno de García Élez en el marco de la negociación colectiva.