La exconcejala del Partido Popular de la localidad de Yuncos Ana Rosa Yepes ha anunciado la interposición, por parte de un trabajador del Ayuntamiento, de una querella criminal contra dos concejales del actual Equipo de Gobierno del PSOE, el concejal de Deportes, Pablo Mora, y la de Personal, Deborah Delgado, por delitos contra la integridad moral, prevaricación y desobediencia al cumplimiento de resolución judicial, por la que están citados a declarar hoy en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Illescas.
Una querella que se interpone tras confirmar la Justicia, «con varias decisiones consecutivas», que ha habido «una auténtica persecución laboral» contra el marido de una de las ex concejales del PP, la propia Ana Rosa Yepes, cuyo despido, tras más de 15 años de servicio en el Ayuntamiento como trabajador municipal, fue declarado nulo por la justicia, obligando a su readmisión, según informó ayer al respecto el Partido Popular en un comunicación
Una readmisión que, señalan desde el Partido Popular, intentaron evitar con la presentación de una denuncia acusándole de delitos «que los juzgados han confirmado que eran absolutamente falsos».
Este asunto daba comienzo al principio de la presente legislatura, tras el despido de este trabajador por el nuevo equipo de Gobierno y después de que el Juzgado de lo Social, por sentencia de fecha 13 de Septiembre de 2016, decretara la nulidad del despido, sentencia que fue confirmada después por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Sin embargo, lejos de cumplir con la obligada readmisión, el Ayuntamiento, «por medio de dos de sus concejales, insistieron en su actitud vengativa, no reintegrando al trabajador en las mismas condiciones que tenía previamente al despido», tal y como detalla el comunicado remitido por el Partido Popular.
Nuevamente, obliga esta actitud a que el trabajador reclame ante el Juzgado contra esa irregular readmisión, dictando el Juzgado de lo Social un auto dando la razón al trabajador y declarando que el Ayuntamiento había incumplido su obligación de cumplir con la reintegración en su puesto de trabajo, afirma la nota del Partido Popular.
Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Yuncos, con alrededor de 11.000 empadronados, procedió a suspender de empleo y sueldo al trabajador, por «supuesta infracción grave (por un supuesto perjuicio patrimonial infundado), motivando ésta en la misma circunstancia que propicia el archivo por el Juzgado de Instrucción», detalla el comunicado del Partido Popular.