«Las personas que se dedican a la ciencia forense son la voz de las víctimas». Así lo refleja en una de sus novelas la escritora Dolores Redondo, para reconocer a esos profesionales que parecen quedarse en un segundo plano y sin foco en muchas ocasiones a pesar de la calidad e importancia de su trabajo. Si bien, la memoria judicial anual es una de las mejores pruebas de su intensa actividad y de sus necesidades en todas las provincias. En el Instituto Legal de Toledo no paran. Los catorce forenses hacen frente desde hace años a una importante sobrecarga laboral que se ha ido agravando por el aumento de población, la creación de nuevos órganos judiciales -tres de los nuevos juzgados, dos mixtos y uno penal se crearon el año pasado- y los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que asuman los levantamientos de cadáver.
A toda esta intensa actividad hay que sumar también la intervención de los médicos forenses en los casos de violencia de género, dado que se ha elevado el número de reconocimientos en los últimos años. Por tanto, la memoria anual de 2018 señala la necesidad de aumentar la plantilla de estos profesionales, y resalta que debería «dedicarse en exclusiva al menos un médico forense en cada provincia» para llevar esta materia. De esta manera, Toledo podría mantener una ratio entre población y profesionales «más adecuada» y similar a las de otras provincias.
Por otra parte, los forenses han dejado patente en esta memoria de actividad, que se eleva al Ministerio de Justicia todos los años, «la alteración en el ritmo y en la carga de trabajo» provocada en buena parte «por el insuficiente número de médicos forenses, las bajas laborales, la inestabilidad de la plantilla y la escasez de titulares».
los psicólogos. En este documento, que también incluye la memoria anual de la actividad y la carga de trabajo de los dos psicólogos forenses de Toledo, se pone de manifiesto «el gravísimo retraso en la resolución de asuntos», una problemática que lleva tiempo saliendo a la luz pública porque la escasez de plantilla provoca demoras que superan los dos años en los informes. En este caso, hasta el juez decano en funciones, Juan Ramón Brigidano, ha expuesto recientemente la situación ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante su comparecencia para optar a la presidencia de la Audiencia Provincial. También en más de una ocasión ha calificado la situación de «vergonzosa» y considera «ilógico» que la Administración de Justicia aún no haya resuelto el problema.
En esta memoria figura que Illescas, Toledo y Talavera de la Reina son los partidos judiciales con más actividad. Por su parte, la psicóloga ha realizado 684 intervenciones, ha evaluado a 178 personas a lo largo de 2018 y constan 60 informes psicológicos, la mayor parte derivados de procedimientos de familia. Además, hay que incluir el informe del otro psicólogo, con 50 expedientes judiciales informados, de los que el 42% proceden de la violencia de género, 110 evaluaciones psicológicas, y 29 juicios orales. Para sobrellevar la sobrecarga se ha contado con un convenio puntual con el Colegio de Psicólogos de Castilla-La Mancha.
Al exceso de trabajo derivado del aumento de juzgados, de población y de falta de psicólogos se añade también «las últimas modificaciones del Código Civil en materia de familia», que ha provocado el número de peticiones de informes psicólogicos relacionados con la custodia compartida. En la memoria se insiste en la necesidad de aumentar la plantilla -en cuatro o cinco profesionales de forma temporal y en dos plazas definitivas una vez superada la sobrecarga-, se recuerda que la elaboración de un informe pericial «es una tarea muy compleja y laboriosa» que exige evaluar a todos los miembros de la familia y a otros del entorno, y recabar información a otros profesionales, «lo que conlleva una enorme cantidad de horas de trabajo».
Por tanto, la lista de espera actual es significativa porque todavía quedan 171 expedientes pendientes de citar a todos los miembros de la familia que arrastran desde el año 2016, con lo que se calcula que el tiempo medio es de 32 meses, pero es previsible que vayan aumentando si no se ponen medidas.
La memoria también llama la atención sobre esta problemática para que no caigan en el olvido «las consecuencias que están sufriendo los menores con este retraso, ya que en muchos casos el daño es irreparable». Yen el ámbito judicial la demora provoca también la suspensión de juicios por falta del informe pericial y el nacimiento de nuevos litigios.