La epidemia de coronavirus ha provocado preocupación sobre su suerte entre distintos colectivos vulnerables, y los discapacitados no han sido una excepción. La federación castellano-manchega del Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (Cermi) está desarrollando en estos días diversas actuaciones para que aquellos que desarrollan su vida con unas capacidades diferentes al resto no pasen de tener un trato acorde a su situación desde las administraciones a quedar, simplemente, abandonados ante las consecuencias sanitarias y sociales de esta emergencia.

La primera actuación del Cermi regional en este sentido fue la emisión de un comunicado en el que, directamente, se exigía a las autoridades sanitarias que aseguren que no se discrimina por razón de discapacidad en los protocolos clínicos de atención a pacientes contagiados con el coronavirus, «pues la discapacidad no puede ser nunca una circunstancia o factor de menor valor de la persona». Este llamamiento del Cermi llegaba cuando se generalizaba con la epidemia un panorama cercano al colapso en muchos hospitales, con el posible recurso a los ‘triajes’ para dar prioridad en la atención a pacientes según sus posibilidades de aguante o supervivencia a la enfermedad.

Ante esta situación, el Cermi castellano-manchego hacía suya una nota de su organización nacional en la que se señalaba que «toda la actuación de las instituciones y profesionales sanitarios, en cualquier situación, debe estar presidida por los mandatos imperativos de derechos humanos de no discriminar ni de tratar desigualmente, y de actuar sin prejuicios y sesgos que castigan a quien se considera ‘diferente’ y por tanto de menor valor, cuya salud o cuya vida es sacrificable por ser menos prioritaria».

En el comunicado, se añadía que los protocolos clínicos o las propuestas de actuación de sociedades científicas están sometidos al ordenamiento jurídico y al principio fundamental de no discriminación, y no pueden aplicarse en contra o a costa de los derechos humanos de todas las personas, incluidas las que presentan una discapacidad.

«Las sociedades científicas han de revisar sus protocolos y manuales para desterrar cualquier atisbo de desigualdad y para que resulten absolutamente respetuosos con el marco de derechos humanos que rige en España», argumentaban.

El Cermi reclamaba por ello a las autoridades sanitarias que vigilen estrechamente que todos los protocolos clínicos que se aplican en la actual crisis del coronavirus son garantistas del principio de igualdad y no incurren discriminaciones odiosas y prohibidas. También pedía al Ministerio Fiscal su intervención para promover la acción y la protección de la Justicia con los grupos sociales que pueden verse más expuestos a tratos excluyentes.

a título preventivo. La presidenta regional del Cermi, Cristina Gómez Palomo, comentaba a este medio tras la emisión de este comunicado que la organización castellano-manchega se había sumado a su difusión «a título preventivo», tras haberse conocido algunos casos de posibles discriminaciones de este tenor en otras partes del país. Gómez Palomo reiteró que, afortunadamente, no constan la existencia de episodios de marginación de discapacitados de la atención médica para afrontar el coronavirus en Castilla-La Mancha.

Desde la comprensión al duro momento que viven el sistema de salud regional y sus profesionales, la responsable autonómica del Cermi hacía un llamamiento a evitar que los discapacitados queden orillados en la batalla contra el coronavirus. «Entendemos que los servicios de salud están sobrepasados,  y los hospitales están muy desbordados, el personal sanitario también. Pero, por Dios, que no haya ninguna razón para discriminar en quién tiene que vivir y quién no», rogaba.

La presidenta regional del Cermi pedía que se mantengan en las actuales circunstancias los programas de atención diferenciada para discapacitados que hasta ahora han funcionado en el Sescam pese al trastorno que hoy provoca el coronavirus. Y es que recordó que personas con diferentes capacidades de conducta, como autistas o afectados de daño cerebral, no soportan de igual modo que el resto de ciudadanos situaciones como las esperas en una atención médica, lo que determina que tengan acompañamiento u otro trato específica para su propia tranquilidad y la de quienes los atienden.

Así, Gómez Palomo señala que aún no se conoce que algún discapacitado  de tipo intelectual haya precisado el ingreso en una UCI en la región.l Pero avisa que, cuando esto se dé, la norma general que impide el acompañamiento continuado de   un enfermo en estas instalaciones debería relajarse, toda vez que la presencia de un terapeuta o un familiar ayudara a los propios sanitarios a la hora de poder tratar al enfermo evitando problemas si sufre una alteración de conducta. «Se plantea un problema si tienen que ingresar a este tipo de personas en una UCI. Estas personas  deben estar acompañadas. Ojalá no tengamos a una persona con autismo en una UCI, porque el personal sanitario va a necesitar alguien de apoyo para manejarle», alertaba, añadiendo que su organización ya ha advertido de esta circunstancia a la directora gerente del Sescam, Regina Leal.

La presidenta del Cermi también señaló que los colectivos que conforman la organización regional intentan adaptar sus limitados medios para mantener la atención a los en las difíciles circunstancias que ha generado el coronavirus. Así, las disposiciones surgidas del estado de alarma han obligado a cerrar centros de día y ocupacionales. Sus profesionales intentan mantener la actividad por vía telemática. Más complicada es la situación en residencias y de los trabajadores de ayuda a domicilio, que siguen en activo. Gómez Palomo reitera su llamamiento al Gobierno regional para que dote de equipos individuales de protección (EPIs) a los profesionales de estos servicios, aunque reconocía en el momento en que mantenía esta conversación con este medio (el jueves 26) que este material profiláctico «está llegando» para así evitar situaciones que ya son «angustiosas»

Gómez Palomo también señalaba que el personal de las residencias y otros centros habitacionales de las entidades agrupadas en el Cermi está cumpliendo con los protocolos sanitarios dictados en el coronavirus. Esto incluye un aislamiento de afectados para prevenir contagios, aunque aún no se habían detectado positivos entre esta gente.

Aún dentro de este difícil panorama, la presidenta del Cermi destacaba el alto grado de interlocución existente con la Junta para abordar las distintas cuestiones que supone el coronavirus para el colectivo de discapacitados. Además de la charla con Leal, la organización se reunía recientemente con el consejero de Desarrollo Rural, José Luis Escudero. Este está dispuesto a garantizar el acceso normalizado a productos básicos de alimentación e higiene a las personas con discapacidad, con independencia del lugar en el que vivan y con la ayuda de personal de la empresa pública Geacam si es necesario. Gómez Palomo manifestó que «nos ha sorprendido gratamente» la implicación de Escudero en esta cuestión.