La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha rebajado su previsión de déficit público para este año hasta el 2,1 % del PIB, aunque las medidas aprobadas por el Gobierno por decreto ley en las últimas semanas han supuesto un gasto de 920 millones de euros.

El informe sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas para 2019 de la Autoridad detalla que el impacto de estas medidas, entre las que se incluye la ampliación del permiso de paternidad o mejoras en dependencia, ya se preveía en su anterior previsión de déficit (2,2 % del PIB), elaborado en el supuesto de que se aprobara el proyecto presupuestario.

El motivo que sustenta este pronóstico, según el organismo, es el rechazo del Congreso a los Presupuestos de 2019 y la consecuente prórroga de los de 2018. Su impacto es positivo porque es más el dinero que no se gasta, como pueden ser inversiones ferroviarias, que el que se deja de ingresar por los nuevos impuestos que no se crean.

También ha contribuido a rebajar la previsión el buen comportamiento del ejercicio 2018, cuyo cierre del 2,63% del PIB es mejor al estimado gracias al mejor comportamiento de las cotizaciones sociales y de los ingresos provenientes de los fondos estructurales europeos, que han compensado otros negativos como el impacto de las autopistas de peaje (2.357 millones).

La AIReF cifra el coste del pago de las cuotas de la Seguridad Social a los cuidadores no profesionales en 315 millones; el de la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, en 241 millones; el de la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, en 225 millones, y el ingreso mínimo vital, en 138 millones. Si se suma el coste total de estos decretos, 920 millones, al de la revalorización de las pensiones (588 millones) hace un total de 1.508 millones, lejos de los 5.250 millones que la Autoridad estimaba que sumarían todas las medidas de gasto incluidas en el proyecto presupuestario.

El organismo ha instado al nuevo Gobierno a aprobar cuanto antes los objetivos fiscales para los próximos años y se ha mostrado preocupada por que puedan aprobarse medidas sin tener en cuenta la "situación" de España, que tiene que controlar el gasto y avanzar en la reducción de la deuda.