El Ayuntamiento de Escalona ha aprobado una ordenanza municipal para regular el deber de conservación de la edificación residencial. El exceso de construcciones inacabadas, o finalizadas y sin ocupar , ha generado un problema de seguridad en este municipio de la comarca de Torrijos por la insalubridad, el riesgo para los viandantes y como aliciente para la ocupación ilegal por la facilidad de entrada a los inmuebles.

La ordenanza quedó publicada el miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia y detalla que los propietarios de inmuebles residenciales desocupados deberán mantener las viviendas en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro para mantener las condiciones de habitabilidad. Así, en las carentes de licencia de primera ocupación o con licencia pero desocupadas, los dueños estarán obligados a tomar medidas de seguridad para que no se puedan habitar.

Así, el Ayuntamiento sugiere el tabicado de puertas y ventanar que impidan el acceso al interior, la contratación de seguridad privada o cualquier otra que impida el uso de la vivienda a quien no posea título que lo habilite. El Consistorio obliga a los propietarios a iniciar medidas en un plazo de dos meses para poder desalojar a los ocupas ilegales en caso de que se encuentren en el interior de la casa al entrar en vigor la ordenanza.

El Ayuntamiento explica que entiende como vivienda desocupada aquella con licencia de primera ocupación que se mantiene sin uso efectiva durante un plazo superior a seis meses. O que el Consistorio declare la situación de desocupación con un expediente administrativo previo.

El alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, ha tomado en los últimos meses decisiones contra las ocupaciones ilegales. Por ejemplo, informó en marzo de la creación de una oficina local contra las ocupaciones ilegales. Este servicio ofrece gratis defensa legal a los propietarios de todas las casas del municipio de la comarca de Torrijos. La atención facilitará el desalojo exprés, en un periodo máximo de 48 horas,  de estos inmuebles; esté empadronado o no el dueño. «No hay excusas para la ocupación ilegal. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda, sí, pero debe acceder a ella a través de los instrumentos legales y las políticas sociales que existen, sin perjudicar los derechos de los demás», afirmaba por entonces Gutiérrez en una misiva a los vecinos.

El plan de Escalona dispone del número 925780406 y del correo electrónico ‘ocupacion-ilegal@escalona.es’. El Ayuntamiento se comprometía entonces a la creación de un censo actualizado de viviendas susteptibles de ser ocupadas para que haya un mayor control por parte de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.

La Guardia Civil ha efectuado desde el mes de marzo diferentes controles de tráfico extraordinarios para intentar disuadir a los ocupas. El Ayuntamiento, de 3.400 empadronados pero con picos de 25.000 residentes en verano, creará un impuesto especial para las entidades financieras que tienen en propiedad viviendas vacías susceptibles de ocupación ilegal que no protegen o no ponen en alquiler social. «La idea es desincentivar la política de brazos caídos por parte de las entidades financieras ante este grave problema con incentivos económicos», señalaba.