Los Servicios Jurídicos de municipales están estudiando en estos momentos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que ha anulado el proceso de adjudicación de la limpieza de los colegios de la ciudad, adjudicada a la postre a la empresa Ferroser, y ha decretado una indemnización a la anterior adjudicataria, Limasa, por el lucro cesante. Dependiendo de su informe, el equipo de Gobierno municipal valorará si recurre o no la mencionada sentencia.

En un breve comunicado, el Ayuntamiento no ha querido entrar a valorar la sentencia en sí, eso está en manos de sus abogados. Tan solo apunta que «la cuestión se centra en una discrepancia de criterios técnicos». La esperanza del Consistorio puede estar en los antecedentes a esta sentencia. Recuerda que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, desestimó los recursos presentados por la empresa «y ahora el Tribunal Superior de Justicia sentencia en contra de ese criterio». Finalmente, concluyen las mismas fuentes municipales que «el Ayuntamiento es siempre escrupuloso en el cumplimiento de las normas, los procedimientos y los criterios técnicos».

Fue en agosto de 2017 cuando se dirimía por la mínima a favor de Ferroser (filiar de Ferrovial) un discutido contrato, en un proceso no exento de polémica, que se prolongó por más de seis meses, después de que Acciona Facility presentara un recurso especial de contratación.

Después llegarían los tres recursos interpuestos, respectivamente por Ilunion, Limasa y el Comité de Empresa de los trabajadores, contra la concesión. El Tribunal Administrativo daba por válida la adjudicación, en su estricta competencia, es decir, la concesión es correcta. Pero también advertía que había órganos en materia laboral que serían los que tendrán que ver si la actuación de la empresa en esta materia es correcta. O dicho de otro modo: el posible incumplimiento del convenio colectivo no era motivo para anular la concesión a Ferroser, pero los órganos competentes podrían evaluar esta cuestión.

El problema, denunciaba a finales de aquel año el comité de empresa, era que la nueva empresa no garantizaba «ni el mantenimiento de las jornadas, ni la antigüedad ni las condiciones laborales de las trabajadoras y de los trabajadores» que venían prestando este servicio. Era así porque «la oferta aprobada por el Ayuntamiento contempla la reducción de más de 10.000 horas de prestación de servicio», lo que conlleva «una reducción de las jornadas». Esto es, en el 95% de los centros de trabajo «se disminuyen sustancialmente las horas de las trabajadoras de la limpieza» pasando de tener contratos de 39 y 35 horas a servicios de 25, 20 y 15 horas».