La política no descansa. Puede que no siempre se acerque a problemáticas reales en tiempo y forma, pero siempre late en las sedes de los partidos llamados a protagonizarla. El aforismo que divide las legislaturas en cuatro años de campaña electoral y un día de votaciones se hace cada día más irrefutable, pero alcanza su máxima expresión cuando se acerca la hora de la reválida. Sucede que el año político que se estrena estos días alcanzará casi todo 2022. Esto es, será preelectoral. Eso, si se cumplen los calendarios oficiales y no hay una llamada a urnas mucho antes de que expire el mandato regional o nacional.
La pandemia, que todavía determina en buena medida la marcha del país pero que está en una fase de clara regresión, seguirá siendo utilizada como arma defensiva y ofensiva en el ámbito público, pero eso no evitará que su impacto vaya dejando paso a los debates más afilados sobre la gestión de todo lo demás, que no es poco. Ayer fue un día de declaraciones cargadas de mensajes en el tablero regional, por ejemplo. El presidente, Alfonso Fernández Mañueco, se plantó como pocas veces lo había hecho frente a sus socios de Ciudadanos para afirmar que mientras él sea el presidente no cerrará ningún consultorio rural, lo que choca frontalmente con el denominado ‘plan Aliste’ que defienden a capa y espada tanto el vicepresidente, Francisco Igea, como la consejera de Sanidad, Verónica Casado. La traducción es simple: si Ciudadanos se empecina en una reforma que tendría un alto coste social (y electoral), Fernández Mañueco podrá activar la opción de cambiar de socio, o incluso la de prescindir de socio alguno, adelantando las elecciones. Hay un Gobierno de coalición, sí, pero es asimétrico y lo dirige el PP. Igea puede aceptarlo (tampoco perdió ocasión de considerar que agotarán la legislatura) o tentar la suerte desde unas siglas agotadas que obligarán a sus representantes actuales a buscar refugio más pronto que tarde. El PSOE, con el burgalés Luis Tudanca a la cabeza, tiene un paso previo por el congreso regional del que saldrá reelegido con el lastre de una fallida moción de censura y unas encuestas que ya no le sitúan como ganador de las elecciones.
También los pactos locales deben hacerse valer en 2022. En el caso de la capital burgalesa el acuerdo es inversamente proporcional al regional. El socialista Daniel de la Rosa continúa loando a su vicealcalde, el ‘ciudadano’ Vicente Marañón, para amarrar la estabilidad que, asegura, dará frutos en forma de avances plausibles en la segunda ciudad más poblada de la región. Pese a la posición de debilidad de Ciudadanos, es De la Rosa el que más se juega en esa apuesta. Por último, el pacto natural de las fuerzas conservadoras en Aranda, que ha sumado a Vox al PP y Cs, deberá demostrar que la suma de siglas mejora lo conocido o, por el contrario, no altera el producto.